Agustín
La Justicia de Entre Ríos ordenó liberar a Sergio Urribarri, exgobernador provincial que había sido condenado a ocho años de prisión por corrupción.
“El Tribunal Superior de Justicia hizo lugar al pedido y ordenó la inmediata libertad del exgobernador Urribarri”, confirmaron Fernando Burlando y Javier Baños, sus abogados, a través de un breve comunicado.
La resolución del TSJ entrerriano también alcanza a Juan Pablo Aguilera, cuñado del exmandatario provincial. Ambos habían sido detenidos el 19 de noviembre, por decisión de la Cámara de Casación, y fueron alojados en la Unidad 1 del penal de Paraná.
El tribunal argumentó que la pena todavía no se encuentra firme y, contrariamente a lo señalado por la fiscalía que investiga el caso, dicen que no hay riesgo de fuga por parte de Urribarri, condenado a ocho años de prisión en 2022 por negociaciones incompatibles con la función pública.
En un fallo de 42 páginas , el TSJ ordenó: “1°) HACER LUGAR a los recursos de impugnación extraordinaria interpuestos por los defensores técnicos de los imputados Juan Pablo Aguilera y Sergio Daniel Urribarri contra la resolución Nº 262 dictada el 19 de noviembre de 2024 por la Sala I de la Cámara de Casación Penal la que, en consecuencia, se revoca, por arbitrariedad.- 2º) DISPONER el cese de las prisiones preventivas de los encausados Juan Pablo Aguilera y Sergio Daniel Urribarri, y el restablecimiento de las medidas de coerción impuestas por el Tribunal de Juicio y Apelaciones el 5/9/2024″.
Casación había dictado la prisión preventiva en perjuicio de Urribarri, que en 2020 había sido nombrado embajador en Israel por el gobierno de Alberto Fernández y tuvo que renunciar a raíz de una primera sentencia en su contra.
La Justicia entrerriana considera probado que Urribarri usó de forma ilegal fondos públicos para, en algunos casos, financiar sus campañas electorales a través de contratos de imprenta y publicidad, entre otras maniobras.
Los fiscales habían pedido el cumplimiento efectivo de la condena vía prisión preventiva “fundada particularmente en el riesgo serio de fuga, en atención al monto de la pena y modo de ejecución”.
Para los representantes del Ministerio Público “han quedado comprobadas las facilidades que tienen los imputados para abandonar el país o permanecer ocultos: se trata de personas con recursos económicos, que además se encuentran íntimamente vinculados a personas que pueden ayudarlos económicamente, que tienen capacidad para trasladarse de un lugar a otro y vínculos en el extranjero”.
El exmandatario había sido condenado en primera instancia el 7 de abril de 2022, sentencia confirmada por Casación de Entre Ríos en 2023. La fiscalía pidió la detención cuando el Superior Tribunal provincial le rechazó un recurso extraordinario local, pero en un primer momento la Cámara rechazó la solicitud. La fiscalía recurrió entonces esa decisión y el 19 de noviembre se había ordenado finalmente la captura de Urribarri.
