Mediante maniobras de simulación de negocio inmobiliario, con ardid y engaño, los acusados cometieron varios actos de estafa. Entregaban documentación apócrifa y recibían dinero de las víctimas a cambio de recibos firmados por distintas personas.
Salta30/09/2024
Nicolás
La fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, representó al Ministerio Público Fiscal ante la Sala III del Tribunal de Juicio, Distrito Judicial Centro, en la audiencia de juicio abreviado contra cuatro hermanos y otras tres personas, todos por el delito de estafas reiteradas.
En el acuerdo de juicio abreviado, los acusados reconocieron su participación y se declararon responsables de los delitos imputados. Además, aceptaron la responsabilidad penal y la calificación legal de los hechos.
Según la investigación de la Fiscalía, los imputados actuaban de común acuerdo y se dividían las tareas para llevar a cabo maniobras fraudulentas. Publicaban anuncios en redes sociales y clasificados de un diario local, ofreciendo la venta de lotes y casas bajo la apariencia de ser una inmobiliaria seria y solvente.
Las operaciones se concretaban mediante la presentación de documentos falsos que supuestamente acreditaban la titularidad de los inmuebles por parte del vendedor, haciendo creer a las víctimas que estaban realizando una transacción legítima. De este modo, lograban que las personas realizaran los pagos solicitados, generándoles un perjuicio patrimonial significativo.
El modus operandi de los acusados consistía en captar a sus víctimas a través de la red social Facebook, donde publicaban imágenes de terrenos y ofrecían planes de financiación con una entrega inicial en efectivo y el saldo en cuotas. Todo esto lo hacían bajo el nombre de “L&E Asociados”.
Una vez que los interesados veían las publicaciones, enviaban mensajes al chat de la red social para pedir más información. Los imputados respondían, concertaban una reunión y se encontraban con los posibles compradores en los supuestos terrenos en venta. Luego, simulaban un negocio jurídico legal y certificaban los actos con documentación falsificada que incluía firmas apócrifas de propietarios y escribanos.
Convencidas por la apariencia de legalidad, las víctimas entregaban el dinero sin recibir el inmueble prometido, ya que pertenecía a terceros ajenos.
Los lotes ofrecidos se encontraban en distintas ubicaciones: uno en Ruta 21, camino a San Agustín, cerca del barrio San Benjamín (vendido en diciembre de 2018); otro en Ruta 26, camino a La Isla (mediados de 2019); un lote en el barrio San Nicolás II (octubre de 2019), que fue vendido en varias ocasiones y es propiedad de una cooperativa; un terreno en barrio Don Santiago (Los Gremios), comercializado en junio de 2020; otro en barrio Las Marías, zona sur (agosto de 2022); y un último terreno en barrio Cielo del Sur, Cerrillos (agosto de 2022).
Los lotes tenían diferentes ubicaciones, uno en Ruta 21, camino a San Agustín, cerca del barrio San Benjamín, vendido en diciembre de 2018; otro en Ruta 26, camino a La Isla, vendido a mediados de 2019; un terreno en el barrio San Nicolás II, comercializado en octubre de 2019 y que fue vendido en varias oportunidades, perteneciente a una cooperativa; otro lote en el barrio Don Santiago (Los Gremios), cuya transacción se concretó en junio de 2020; otro en el barrio Las Marías, zona sur de la ciudad, vendido en agosto de 2022; y finalmente, un terreno en el barrio Cielo del Sur, en la localidad de Cerrillos, también vendido en agosto de 2022.
La jueza Carolina Sanguedolce condenó a Luz Florencia Analía Córdoba y Noelia Maribel Milagros Córdoba a 3 años de prisión de ejecución condicional. Carlos Mauricio Córdoba, Jesús Esteban Córdoba y Celina Frías recibieron 2 años de prisión condicional, mientras que María Elizabeth López Segovia y Nicanor José Facundo Figueroa Sánchez fueron condenados a 6 meses de prisión condicional.
Los condenados también se comprometieron a realizar una reparación económica que incluye la entrega de un inmueble, dos automóviles, seis sumas de dinero de $270.000, $280.000, $290.000, $330.000 y dos de $915.000, además de cuatro teléfonos celulares, una motocicleta, una bomba de piscina, dos televisores Smart TV de 55 pulgadas y un aparato de cocina.
Las sumas de dinero fueron abonadas al finalizar la audiencia de juicio abreviado.
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