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Salinas Odorisio mantuvo su acusación de los delitos de peculado (dos hechos), en calidad de autor y en concurso real y consideró que la autoría de Soto se encuentra probada. Además, estimó que el perjuicio al municipio, a valores actualizados, alcanzaría los 100 millones de pesos.
Los alegatos se realizaron en el Salón de Usos Múltiples de la Municipalidad de Iruya, hasta donde se trasladaron los jueces Javier Aranibar, Martín Pérez y Leonardo Gabriel Feans; la representante del Ministerio Público Fiscal, Ana Inés Salinas Odorisio, la querella y la abogada defensora.
La abogada de la Municipalidad de Iruya, Eliana Verchán, coincidió con la fiscal Salinas Odorisio y solicitó también la pena de cuatro años de prisión para Soto.
La causa
Las actuaciones de la Unidad de Delitos Económicos Complejos iniciaron luego de que el 18 de febrero de 2020, la apoderada de la Municipalidad de Iruya radicara una denuncia en la Oficina de Orientación y Denuncias del Ministerio Público Fiscal.
La fiscal Salinas Odorisio sostiene que el acusado, en su calidad de Intendente de Iruya, emitió el 06/12/19 tres cheques a favor de la Municipalidad de Iruya por un monto total de $ 970.000, que él mismo cobró el 09/12/19, de los que no obra constancia de su destino y que, conforme a lo denunciado por siguiente gestión Municipal, no existe una rendición de cuentas efectuada ante la Municipalidad de Iruya.
En cuanto al segundo hecho, la titular de la UDEC considera que el acusado recibió del Ministerio de Desarrollo Social fondos provenientes de los programas sociales AIPAS, Asistencia Critica y Pan Casero por un importe total de $14.594.982,93; de los cuales sólo rindió $8.716.909,50, quedando un saldo pendiente de rendir de $5.878.073,43.
Según la auditoría de la comuna, existía un faltante de $7.773.758,89 y que, luego de finalizado el mandato del exintendente (2015/2019), ingresó un informe de cheques rechazados (emitidos un día antes de la finalización de la gestión) por un valor de $ 5.397.032,62.
De las investigaciones realizadas por el Gabinete de Delitos Económicos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), surgió que existiría un faltante de dinero de $6.848.073,43, cuya administración y custodia le habían sido confiadas al Intendente. La Fiscal estimó que los montos, actualizados al valor de hoy, alcanzarían aproximadamente los 100 millones de pesos.
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