Nicolás
FRENTE A FRENTE.-La millonaria causa por las estafas vinculadas a los frustrados planes de vivienda de la Asociación Docente Provincial (ADP) sumó un capítulo crucial. Las defensas de Patricia Argañaraz, exsecretaria general del gremio, y de la extesorera Ana María Cerezo, solicitaron ante la Sala IV del Tribunal de Impugnación que se dejen sin efecto las condenas a seis años de prisión que ambas cumplen actualmente en la cárcel de Villa Las Rosas.
El sorpresivo planteo se sustenta en un acuerdo civil que la exdirigencia alcanzó con las familias afectadas, el cual fue homologado judicialmente.
El famoso ''Pacto''
El eje central del pedido defensivo es el entendimiento extrapenal que derivó en la liquidación del fideicomiso Virgen de Urkupiña I, la estructura utilizada por la antigua conducción para administrar los fondos aportados por los afiliados destinados a planes habitacionales.
Como parte de este acuerdo, se dispuso la distribución de un terreno en Melina Sola (San Luis), que había sido adquirido con fondos del fideicomiso. El abogado Eduardo Romani, que representa a 75 damnificados en la vía civil, calificó este reparto como "lo más anhelado" por las 120 familias afectadas, ya que permite avanzar en una compensación largamente esperada. No obstante, Romani aclaró que no se logró un acuerdo con la actual dirigencia de la ADP para recuperar otra porción de tierras en Cerrillos, donde originalmente se iba a ejecutar uno de los planes.
En el ámbito penal, la querella representada por el abogado Agustín Solá Garrido se opuso de forma tajante a la solicitud. Solá Garrido argumentó que el acuerdo civil "ocurrió mucho después de la condena y de los recursos de casación, que es lo que se está resolviendo ahora", por lo que no puede ser utilizado como argumento para revertir la pena impuesta.
El letrado también destacó que fue el Tribunal de Impugnación quien dispuso la audiencia para tener contacto directo con las acusadas antes de emitir una resolución final, y no un pedido directo de las imputadas. Anticipó además que, en caso de que la condena quede firme, la defensa podría intentar acciones de revisión.
El hecho: fraude y seis Años de Prisión
La grave causa de estafas se originó en 2019 tras denuncias por irregularidades en la gestión de la ADP. Tras el juicio oral que culminó en noviembre de 2024, Argañaraz y Cerezo fueron condenadas como coautoras de administración fraudulenta y estafas reiteradas en 26 hechos. También fueron sentenciados como partícipes necesarios Raúl Dante Argañaraz (hermano de la exsecretaria general) y Nicolás Demetrio Zissi.
Durante el alegato final, la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio calculó que el desfalco original ascendía a $500 millones de pesos y advirtió que la pérdida individual, con actualización monetaria, superaba los $19 millones por familia, víctimas que confiaron en la solvencia institucional del gremio.
