Nicolás
La tensión entre el Ministerio Público Fiscal y los allegados a Vicente Cordeyro escaló a niveles institucionales críticos luego de que la familia, a través de su abogado Roberto Reyes, intimara formalmente al procurador general de Salta, Pedro García Castiella, exigiendo que respalde con pruebas o rectifique las graves acusaciones públicas vertidas contra el excomisario.
El conflicto se originó a raíz de las declaraciones brindadas por García Castiella el pasado 24 de julio en El Once TV —y replicadas posteriormente en portales digitales—, donde el jefe de los fiscales sugirió una presunta intervención de comisarios en la "limpieza" de antecedentes de la familia Saavedra, imputados en el resonante femicidio de Jimena Salas.
El trasfondo de la muerte de Cordeyro y los cuestionamientos al DVD
La figura de Vicente Cordeyro permanece en el centro de la escena judicial desde el año pasado. El excomisario desapareció el 9 de octubre de 2025 y su cuerpo fue hallado sin vida dos días más tarde en la cima del cerro Elefante, en San Lorenzo, en circunstancias trágicas: semicalcinado, desnudo y pendiente de un árbol, una muerte cuya investigación penal continúa abierta y sin certezas definitivas.
En medio de ese dolor, la familia repudió que el Procurador lo involucrara públicamente sin un respaldo formal en expedientes administrativos o judiciales. En diálogo con FM Aries, el letrado Roberto Reyes cuestionó duramente la liviandad de las afirmaciones:
“Corresponde que una persona acusada conozca las pruebas en su contra”, sostuvo, deslizando que junto a Trinidad Chávez evalúan avanzar con una demanda civil, argumentando que “basta que haya sido dañado su honor y su impecable carrera para iniciar acciones legales contra el señor Procurador”.
Otro de los puntos de fricción señalados en la intimación radica en las declaraciones que García Castiella dio el 2 de agosto a El Tribuno, donde aseguró que Cordeyro había entregado un DVD con información sobre el crimen de Jimena Salas, un soporte que supuestamente se extravió aunque contendría un respaldo en la nube. Desde la querella aclararon que el eje no es la supuesta colaboración, sino garantizar la cadena de custodia, el origen y la integridad probatoria de ese material.
La respuesta de la Procuración y el reclamo en las calles
Ante la intimación legal, la respuesta del jefe de los fiscales no tardó en llegar, retrucando que “resulta improcedente e impertinente pretender que el suscripto brinde información vinculada a investigaciones o actuaciones actualmente en curso y bajo ámbito reservado a los fiscales penales”.
Mientras tanto, los familiares y allegados de Cordeyro continúan realizando protestas todos los viernes para exigir el esclarecimiento de su muerte. Tras conocerse la postura del organismo, emitieron un contundente comunicado en el que sentenciaron: “Marcamos un límite contundente frente al uso del poder del Estado para pisotear el honor de las víctimas”.
