Nicolás
FRENTE A FRENTE.-El Ejecutivo nacional oficializó este martes los despidos de las y los trabajadores del Estado contratados en el periodo de 2023, tras un decreto sobre las contrataciones de personal en el sector público que a partir de "iniciadas a partir del 1 de enero de 2023 no serán renovadas". Si bien el decreto no establece el número exacto de los despedidos, desde el gremio Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) adelantaron que son 7000.
Las medidas fueron establecidas por medio de los decretos 84/2023 y 77/2023, publicados en la edición de hoy del Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei y del jefe de Gabinete, Nicolás Posse. La prórroga de las restricciones fue del Decreto N° 426/22.
La primera norma, referida a las contrataciones de personal, sostiene en su primer artículo que "las contrataciones del personal para la prestación de servicios efectuadas en el marco del artículo 9° de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional, del Decreto 1109 del 28 de diciembre de 2017 y de toda otra modalidad de contratación que concluya al 31 de diciembre de 2023, e iniciadas a partir del 1° de enero de 2023 en los organismos comprendidos en los incisos a) y c) del artículo 8° de la Ley 24.156, no serán renovadas".
En el Decreto, se exceptúan "las derivadas de cupos regulados por ley u otro tipo de protecciones especiales; el personal que haya estado prestando tareas con fecha previa al 1° de enero de 2023 y haya cambiado su modalidad de contratación; y el personal que el titular de cada jurisdicción evalúe que resulte indispensable para el funcionamiento de la jurisdicción, de manera restrictiva y fundada y que su continuidad es necesaria por razones impostergables de funcionamiento".
En tanto, las contrataciones efectuadas en el marco del artículo 9° del Anexo de la Ley 25.164 (que regula el Empleo Público) y del Decreto 1109 del 28 de diciembre de 2017, cuya fecha de ingreso a la administración sea previa al 1° de enero de 2023, no podrán ser renovadas por un periodo mayor de 90 días corridos.
Además, se solicita a las autoridades de cada área "un relevamiento exhaustivo del personal contratado cuya fecha de ingreso a la Administración sea previa al 1° de enero de 2023" y, "en el caso de que decidan renovar dichos contratos, deberán fundar la decisión demostrando la necesidad de continuar con la contratación". Al mismo tiempo, se instruye a los titulares de las jurisdicciones a que "informen a la Jefatura de Gabinete sobre la implementación de estas medidas".
ATE iría al paro
El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, advirtió “Que nadie espere que vayamos a aceptar ni un solo despido. Cuesta encontrar antecedentes en la administración pública de un ataque de una agresión de esta magnitud a todos los derechos laborales”, advirtió Aguiar.
El sindicalista explicó que todos los trabajadores, en todos los casos, “independientemente de cuándo firmaron el contrato”, realizan tareas indispensables. “Cumplen roles esenciales para el funcionamiento de todos los organismos”, defendió.
Por eso, ante este ajuste “sin criterio”, aseguró que se va a "profundizar nuestro plan de lucha. Que nadie nos acuse de atentar contra la gobernabilidad. Si alguien está afectando la paz social es el propio Gobierno que decide dejar a miles de familias en las calles en este momento”.
Tras hacer eco de lo injustificado de los despidos y desconocimiento por el derecho a la estabilidad y el cupo laboral travesti-tans, añadió: “Si se demuestra que el trabajador realiza tareas indispensables, cumple un rol esencial, también se mantendría esa fuente de empleo”.
Y con contundencia, añadió: “Estamos frente a un ataque que no tiene antecedentes. Tenemos que responder en consecuencia. Mañana haremos una movilización en todo el país y avanzamos hacia el paro general”, en relación a la manifestación que convocó la CGT y la unidad piquetera para este miércoles.
