Nicolás
La fiscal penal Ana Inés Salinas Odorisio, interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), representó al Ministerio Público Fiscal en el juicio abreviado en el que la jueza Gabriela Romero Nallar condenó a Héctor Rubén Jiménez a la pena de un año y tres meses de prisión de ejecución condicional.
La jueza homologó el acuerdo alcanzado por las partes, mediante el cual el imputado reconoció su responsabilidad penal como autor del delito de estafas (cuatro hechos), en el marco de dos causas acumuladas vinculadas a maniobras fraudulentas en operaciones de adquisición y disposición de vehículos, libramiento de cheques sin fondos y utilización de datos bancarios de terceros.
En la primera de las causas, se tuvo por acreditado que Jiménez simuló solvencia económica para celebrar un contrato de alquiler de un vehículo y entregó como pago cheques que luego fueron rechazados por falta de fondos. Tras obtener la tenencia del automóvil, lo vendió a un tercero sin autorización de su propietario.
En la segunda causa, el condenado adquirió un vehículo comprometiéndose a abonar el precio pactado, pero realizó únicamente pagos parciales mediante transferencias electrónicas efectuadas desde la cuenta bancaria de un tercero. Para concretar la maniobra, indujo a otra persona a abrir una cuenta a su nombre, desde la cual canalizaba las transferencias, procurando así dificultar su identificación. Luego, sin haber cancelado el saldo adeudado, vendió el vehículo a un tercero y percibió por esa operación una suma de varios millones de pesos.
