Nicolás
FRENTE A FRENTE.-Personal de la Unidad de Investigación de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), dependiente del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), allanó este lunes 2 de noviembre una escribanía ubicada sobre la calle General Güemes al 1100, en el macrocentro de Salta Capital.
El procedimiento fue solicitado por la fiscal penal interina de la UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio, y contó con la orden de allanamiento expedida por el juez de Garantías Jorge Musa. Para resguardar el estricto cumplimiento de las garantías constitucionales, la protección del secreto profesional y la validez del acto procesal, las tareas de secuestro de documentación contaron con la presencia del presidente del Colegio de Escribanos de Salta en calidad de veedor.
El expediente tuvo su origen el pasado 23 de junio, cuando una mujer se presentó ante la Justicia para denunciar que había adquirido un lote perteneciente a una finca de más de seis hectáreas en el departamento Cerrillos. Tras realizar diversos pagos en efectivo y recibir la documentación preliminar, la denunciante descubrió que la totalidad de la finca había sido transferida a favor de un tercero. Ante ese escenario, la Fiscalía Penal de Cerrillos imputó formalmente a la vendedora por el delito de estafa.
Sin embargo, el caso dio un giro complejo días más tarde, cuando la propia vendedora imputada se presentó ante las autoridades para radicar una contra-denuncia. La mujer sostuvo que nunca firmó la escritura pública mediante la cual la totalidad de la finca fue transferida al comprador. Explicó que únicamente había entablado negociaciones para comercializar una fracción del terreno sin llegar a un acuerdo definitivo, y se mostró sorprendida al comprobar que la propiedad figuraba íntegramente a nombre del supuesto adquirente.
Frente a la contradicción entre los registros notariales y el testimonio de la titular registral, la fiscal Salinas Odorisio encomendó una pericia al Gabinete de Documentología del CIF.
Durante el examen preliminar sobre copias de la escritura pública, los peritos oficiales detectaron anomalías e irregularidades en los trazos de la rúbrica, por lo que la fiscalía consideró indispensable obtener el protocolo notarial y el documento original guardado en la escribanía de la calle Güemes. Con la documentación secuestrada este lunes, los especialistas avanzarán en el cotejo caligráfico definitivo para certificar si la firma fue falsificada y determinar el grado de responsabilidad penal de las partes intervinientes.
