Nicolás
El robo de energía eléctrica en Salta dejó de ser un fenómeno marginal para consolidarse como un problema estructural de gran escala. De acuerdo con un informe oficial actualizado a enero, se detectaron 16.282 conexiones clandestinas en todo el territorio provincial, generando un perjuicio económico que supera los $3.463 millones al año.
La problemática no distingue zonas, aunque presenta focos críticos bien definidos.
Mapa del robo de energía
Salta Capital: Concentra la mayor cantidad de casos urbanos, con 6.554 conexiones irregulares. Sectores como San Calixto y ampliación Parque La Vega son críticos, albergando a cerca de 1.900 familias conectadas ilegalmente. Otros barrios afectados incluyen Villa Floresta, Juan Manuel de Rosas, San Justo y ampliación 20 de Junio.
El Interior: Tartagal lidera las estadísticas con 5.864 conexiones ilegales, seguido por Orán, que registra 2.297 casos.
Impacto en comercios y fincas
El reporte del Ente Regulador desmitifica que el robo provenga exclusivamente de sectores vulnerables. Se detectaron 1.800 conexiones clandestinas en el sector comercial, fincas productivas e incluso en edificios públicos, lo que agrava el impacto sobre el sistema eléctrico provincial.
Costos y consecuencias
La regularización de esta situación representa un desafío económico mayor: normalizar cada conexión ilegal tiene un costo cercano a $1 millón por familia.
Más allá del impacto económico directo sobre la prestataria, las autoridades advierten que el consumo ilegal deteriora la calidad del servicio (causando cortes y baja tensión) y termina incidiendo en las tarifas que abonan los usuarios que están en regla.
