Guerra de comunicados por las cirugías en Salta: el Gobierno le respondió a los anestesistas, negó deudas y exigió levantar el paro

FRENTE A FRENTE.-El severo conflicto entre el Gobierno de la Provincia de Salta y los profesionales de la anestesia sumó un pico de tensión diplomática y médica. A través de un duro comunicado oficial, el Ministerio de Salud Pública salió al cruce de los reclamos elevados por la Asociación Salteña de Anestesia, Analgesia y Reanimación (ASAAR), desmintió categóricamente la existencia de una mora de tres meses en las liquidaciones y exigió la normalización urgente del servicio en el sistema sanitario estatal.

La respuesta de la cartera sanitaria se produjo luego de que la entidad gremial decidiera suspender de manera unilateral las cirugías programadas en los hospitales públicos de la capital e interior, una medida que encendió las alarmas en el sistema de salud por la acumulación de pacientes en lista de espera.

Las cifras del Gobierno: pagos al día y $4.143 millones desembolsados

Desde el Ministerio sostuvieron que las afirmaciones vertidas por ASAAR "carecen de veracidad" y explicaron que los giros de fondos se vienen ejecutando en estricto cumplimiento con los tiempos acordados en el convenio vigente.

Según precisaron desde el área contable del Ministerio, el esquema contractual fija 30 días de plazo para abonar horas de guardia y 60 días para las prestaciones anestesiológicas, contados a partir de la radicación formal de las facturas para su posterior auditoría. Bajo esa regla, el Gobierno detalló la grilla de transferencias:

• Guardias: Canceladas en su totalidad hasta el mes de agosto.

• Prestaciones anestesiológicas: Liquidadas completamente las correspondientes a mayo, junio y julio. Las de agosto vencen recién en noviembre.

• Inversión fiscal: En lo que va de octubre se transfirieron $1.137 millones, alcanzando un desembolso acumulado que supera los $4.143 millones de pesos en lo que va del año 2026.

Exigen reanudar las cirugías como condición para negociar

El eje de mayor firmeza de la postura oficial estuvo centrado en las consecuencias asistenciales de la medida de fuerza. Salud Pública remarcó que el derecho constitucional a la salud de la población salteña no puede ser tomado como rehén ni verse resentido por "decisiones unilaterales que interrumpan un servicio esencial".

Si bien la cartera gubernamental ratificó su predisposición para mantener abiertas las vías de negociación por mejoras arancelarias, fijó una condición innegociable: los anestesistas deben levantar la suspensión de las intervenciones programadas y retomar de inmediato la atención en los quirófanos hospitalarios. La resolución de este conflicto resulta determinante para evitar un colapso en los turnos quirúrgicos de toda la provincia.