Nicolás
FRENTE A FRENTE.-Una grave denuncia anónima ha desatado un terremoto institucional en la Policía de Tucumán. La cúpula de la Unidad Regional Norte fue removida de inmediato y cuatro personas están detenidas tras confirmarse que presos alojados en la comisaría eran sacados regularmente para trabajar en la casa de veraneo de un jefe policial.
El escándalo provocó una reacción oficial fulminante desde Casa de Gobierno, que busca dar un mensaje de depuración y transparencia en la fuerza.
El quilombo se desenredó a partir de una serie de llamadas anónimas dirigidas directamente al ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa. Los denunciantes alertaron sobre un hecho insólito: detenidos y personal policial realizando tareas de construcción en una propiedad que, según las primeras averiguaciones, pertenecería a Gustavo Beltrán, el entonces jefe de la Unidad Regional Norte.
La información escaló de inmediato hasta el gobernador Osvaldo Jaldo. Ambos funcionarios recurrieron a la fiscala de Estado, Gilda Pedicone, para ordenar una investigación urgente.
La respuesta del Gobierno provincial fue contundente y veloz: se redactó un decreto que dispuso la baja inmediata de la fuerza para el comisario Beltrán y su segundo, el comisario Sergio Juárez. La sanción fue la más severa: no se los pasó a disponibilidad ni a retiro, sino que fueron expulsados, lo que impacta directamente en sus posibilidades de jubilación a corto plazo.
El decreto, firmado por Jaldo y Agüero Gamboa, califica las acciones como “conductas incompatibles con la función policial que afectan gravemente la confianza de la sociedad”.
Presos por abuso
Según los primeros datos de la investigación, a cargo de la fiscala Mariana Rivadeneira, se comprobó que al menos cuatro detenidos trabajaban periódicamente en la vivienda. Eran trasladados en patrulleros y los efectivos que los custodiaban también realizaban labores en la obra, en lugar de cumplir sus funciones de servicio.
Fuentes cercanas al caso revelaron a La Gaceta un dato que agrava aún más la situación: los detenidos utilizados como mano de obra estaban condenados por abusos sexuales. Su alojamiento en calabozos de la Unidad Regional Norte ya constituía una grave irregularidad, dado que la Corte Suprema de Justicia establece que los penados deben estar en cárceles provinciales.
Detenciones
La fiscala Rivadeneira ordenó la detención de Beltrán, quien quedó aprehendido tras ser convocado al D1 (oficina de recursos humanos). También fue detenido Juárez, quien se presentó de manera espontánea. La Justicia analiza si a este último le corresponde responsabilidad por la omisión de denunciar las irregularidades de su superior.
El jefe de Policía, Joaquín Girvau, sentenció que la fuerza iniciará una depuración:
“Esta es una falta muy grave y tendrán que responder penalmente. Vamos a realizar una depuración en la fuerza. Los que cometan delitos se irán de la Policía”, afirmó Girvau.
Fuentes policiales internas recordaron que en estos casos “no aplica la obediencia debida” y que la salida de presos de su lugar de detención solo puede hacerse con autorización judicial y registro obligatorio, condiciones que fueron completamente omitidas.
El decreto 3.407 del Ministerio de Seguridad fue calificado como una “respuesta ejemplar” que acredita la “materialidad de los hechos y la responsabilidad disciplinaria” de los agentes.
