Nicolás
FRENTE A FRENTE.-El juicio oral por la denominada "Causa de los Cuadernos" sumó este jueves una jornada institucionalmente determinante. Durante la exposición de la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo detalló la mecánica de lo que calificó como un "acuerdo espurio" entre la cúpula del Poder Ejecutivo y un grupo de empresarios para la recaudación de retornos ilegales.
La querella sostuvo que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue la destinataria final de 175 pagos de sobornos, los cuales totalizan la suma de $171.224.710 y US$ 613.000. El esquema se habría consolidado mediante la cartelización de contratos viales durante su gestión.
El circuito de la "organización criminal"
De acuerdo con la tesis de la UIF, la estructura delictiva aprovechó los cargos públicos para montar un circuito de recaudación basado en resoluciones firmadas por Nelson Periotti, entonces titular de Vialidad Nacional. El mecanismo consistía en el otorgamiento de anticipos financieros —de entre el 10% y el 20% del valor de la obra— o pagos equivalentes a certificados de obra, que luego retornaban como coimas.
El organismo identificó roles jerárquicos en este sistema:
-Julio De Vido: Garante del sistema desde el Ministerio de Planificación.
-José López: Coordinador del flujo de fondos.
-Carlos Wagner: Responsable de la ejecución por el lado empresarial.
-Ernesto Clarens: Financista encargado de la recaudación y conversión del dinero.
La empresa JCR y el rol de "Los Sauces"
Uno de los puntos más salientes de la audiencia fue la mención a la empresa JCR S.A. (de la familia Relats). Según la UIF, esta firma abonó 40 de las 175 coimas detectadas, sumando más de 85 millones de pesos. En simultáneo, la compañía fue beneficiada con 44 obras viales por un valor superior a los 5.294 millones de pesos.
La acusación vinculó estos pagos directamente con la economía personal de la familia Kirchner. La UIF citó el testimonio de Víctor Manzanares, excontador de los mandatarios, quien definió al Complejo Hotelero Los Sauces como "la gema de la corona".
Manzanares detalló que el grupo Relats alquiló el complejo durante 11 años por montos que oscilaron entre los 90.000 y 120.000 dólares mensuales, inyectando aproximadamente 11 millones de dólares "en blanco" al patrimonio de los exmandatarios.
El "Inquilino K" y el Grupo Indalo
El tramo de la audiencia también alcanzó a los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa. Se les atribuye el pago de cinco sobornos por un total de 14 millones de pesos a través de la constructora CPC S.A.
La querella destacó la relación de interdependencia económica: López fue señalado como el "principal inquilino" de la firma Los Sauces, aportando el 68% de la facturación total de la empresa inmobiliaria investigada, con pagos que ascendieron a 1.727.500 dólares.
