Debora
A través del Decreto 787/2025, publicado en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo derogó la normativa vigente desde 1993 que establecía mecanismos de control sobre los aranceles que cobran los establecimientos educativos de gestión privada. Desde ahora, las instituciones podrán definir sus costos —incluyendo matrícula, cuotas mensuales y cualquier otro cargo asociado al servicio educativo— sin requerir autorización previa del Estado.
La medida alcanza a colegios privados de todos los niveles educativos que se encuentren incorporados a la enseñanza oficial. Hasta hoy, el Ministerio de Educación evaluaba y autorizaba los incrementos de aranceles teniendo en cuenta distintos factores, como los costos operativos y la prestación del servicio educativo. Con la derogación de esa normativa, cada institución tendrá autonomía plena para establecer sus precios.
Según el Gobierno, el esquema anterior limitaba la capacidad de adaptación económica de los colegios y generaba “distorsiones” en el funcionamiento del sector. En los considerandos del decreto, el Ejecutivo defendió la decisión como parte de una política de desregulación más amplia, orientada a “promover la libre competencia, facilitar la gestión institucional y reducir la intervención del Estado en actividades privadas”.
La administración nacional sostiene que la liberación de precios incentivará mejoras en la calidad del servicio educativo y permitirá que cada institución implemente su propia estructura de costos según su realidad financiera. Además, el Gobierno argumenta que la eliminación de los controles agilizará los procesos administrativos y evitará demoras en la aprobación de aumentos.
Sin embargo, la medida abre interrogantes en torno al impacto en las familias que ya destinan una parte significativa de sus ingresos al pago de los aranceles escolares. Hasta el momento, desde el sector privado evitaron pronunciarse oficialmente sobre eventuales aumentos, aunque reconocen que la liberación de precios les permitirá ajustar las cuotas en función de la inflación y de los costos de mantenimiento de los servicios educativos.
Con esta decisión, el Estado deja de intervenir en la fijación de precios en la educación de gestión privada después de más de tres décadas de regulación. El nuevo esquema queda vigente de manera inmediata.
