El Gobierno habilita la compra de fusiles y subametralladoras para civiles con permiso especial

El Gobierno nacional oficializó una modificación clave en la regulación de armas en Argentina: desde ahora, los legítimos usuarios registrados y las entidades de tiro deportivo podrán comprar y poseer armas semiautomáticas de uso militar, como fusiles y subametralladoras, incluso de calibres superiores al .22 LR.

Para obtener la autorización, los interesados deberán tramitar un permiso especial, cumpliendo con exigencias administrativas y técnicas destinadas a demostrar que el uso será estrictamente deportivo, bajo un esquema de control y justificación documental.

La decisión marca un cambio significativo respecto a la normativa vigente durante casi tres décadas. Bajo la presidencia de Carlos Menem, un decreto había prohibido la venta y transferencia de este tipo de armamento a civiles, salvo en casos excepcionales aprobados por el Ministerio de Defensa, algo que casi nunca ocurría.

En junio de este año, el Ejecutivo ya había dado un anticipo al derogar ese decreto histórico. Pero ahora, con la reglamentación publicada, se habilita efectivamente la compra de fusiles y subametralladoras por parte de particulares, lo que generó un fuerte rechazo de sectores que trabajan en prevención de la violencia armada.

Uno de ellos es Martín Angerosa, ex Coordinador Nacional del Plan de Desarme e integrante de la Red Argentina para el Desarme, quien calificó la reforma como “una medida peligrosa para la sociedad”.

“En Argentina mueren siete personas por día por violencia con armas de fuego”, advirtió Angerosa, señalando que facilitar el acceso a armamento de mayor poder “solo incrementa los riesgos de violencia urbana y de criminalidad organizada”.

Mientras el Gobierno defiende la iniciativa bajo el argumento del fomento del tiro deportivo, las organizaciones especializadas alertan que el país avanza hacia una mayor flexibilización del acceso a armas de alto poder en un contexto de inseguridad creciente.