Nicolás
FRENTE A FRENTE.-Ocurrió el viernes 31 de mayo de 2024 en Lonquimay, un pueblo de dos mil habitantes ubicado sobre la ruta nacional 5, a unos 65 kilómetros de Santa Rosa, capital de La Pampa. El oficial inspector Cristian Martín Galván contrajo matrimonio y, para celebrarlo, organizó una fiesta en un salón de eventos situado a una cuadra de la dependencia policial, ubicada sobre la calle Estanislao Zeballos.
Para reducir los gastos, ordenó a los detenidos que tenía bajo custodia que trabajaran durante la celebración. Curiosamente, los presos llegaron caminando, algunos sin custodia, y al finalizar la fiesta regresaron por sus propios medios para continuar detenidos.
Esta semana se llevó a cabo en el Centro Judicial de Santa Rosa el juicio oral contra el oficial inspector Cristian Martín Galván, como el orquestador de todo.
El fiscal general de la I Circunscripción del Ministerio Público Fiscal, Guillermo Sancho, confirmó que Galván se casó el 31 de mayo y utilizó a varios de los detenidos como parte del servicio de catering de su celebración.
“Fueron caminando. El local se llama Bar Véneto y está a una cuadra de la subcomisaría, sobre la calle Teniente Coronel Núñez. Había ocho detenidos y solo dos no participaron. Los demás colaboraron desde temprano: prepararon el salón, sirvieron el almuerzo y la torta y luego limpiaron. Uno de ellos hizo el asado, reconoció que estuvo encargado de asar el cordero. Iban y venían caminando, algunos lo hicieron varias veces durante la jornada”, detalló Sancho.
Durante el juicio, varios de los involucrados se mostraron reticentes a declarar. La mayoría continúa cumpliendo condena.
“Se trata de un claro incumplimiento de los deberes de funcionario público, ya que los detenidos fueron liberados sin autorización. Galván tuvo suerte de que ninguno se fugara. En cuanto a los presos, no cometieron delito alguno: cumplieron una orden, salieron caminando y regresaron de igual modo”, afirmó el fiscal.
A la celebración asistieron unas 35 personas. Al día siguiente, el hecho se convirtió en un secreto a voces en el pueblo. Algunos lo tomaron con humor y destacaron incluso el buen comportamiento de los detenidos. Sin embargo, con el correr de los días, la situación llegó a oídos de los superiores de Galván. Se inició entonces un sumario interno que desembocó en la causa penal.
Cuando la Fiscalía comenzó la investigación, ya habían pasado varios días y las cámaras de seguridad de la comisaría no conservaban registros del movimiento de los presos durante esa jornada.
Los testigos hablaron durante la audiencia
Declararon los seis detenidos esclavizados por Galván. Cuatro de ellos reconocieron haber participado de alguna manera en el evento, mientras que los otros dos negaron cualquier vínculo. Las declaraciones dejaron al oficial imputado en una situación comprometida.
El primero en declarar fue Oscar Urrutia, quien cumple su condena con régimen de semilibertad. En un principio negó haber estado en la fiesta, pero tras la intervención del juez Aníbal Olié -quien debió recordarle que estaba bajo juramento-, terminó admitiendo entre lágrimas: “Yo de mozo no estuve, fui a hacer el cordero”. Según su testimonio, Galván les pidió ayuda a él y a otros internos para colaborar con la organización del casamiento.
Otro de los testigos fue Oscar Sánchez, quien también intentó despegarse del hecho con una negativa rotunda. Sin embargo, al ser confrontado con otras declaraciones, reconoció que fue al salón “a llevar leña”, aunque aseguró que no participó de la fiesta. Dijo haberse enterado del evento porque los policías llevaron torta del casamiento a la comisaría.
El relato más comprometedor fue el de Claudio Araneda, quien afirmó haber sido mozo en la celebración. Explicó que él mismo se ofreció a colaborar, que limpió el salón, sirvió comida y que estuvo allí desde las 10 hasta pasadas las 15. Indicó que Urrutia fue el parrillero y que Sánchez llegó al mediodía.
En sintonía, Álvarez Pérez -otro detenido que estuvo esa semana en Lonquimay- confirmó que Galván lo sacó de su celda para que colaborara. Dijo que fue junto al oficial a pie hasta el salón, donde ya se encontraba Araneda. Detalló que entre cuatro o cinco internos limpiaron, armaron las mesas, sirvieron la comida y luego regresaron a la comisaría.
Por su parte, Oscar Meza y Juan Cuello fueron los únicos testigos que no fueron mencionados por los efectivos policiales como parte del evento. Ambos afirmaron no haber visto a sus compañeros salir y dijeron haberse enterado del casamiento por comentarios de los guardias.
Sobre el final de la audiencia, el juez volvió a convocar a Sánchez, luego de que otros testigos lo señalaran como mozo. Pese a esto, el interno insistió en su versión de que no participó del festejo.
Si ya resultaba alocada la historia de la fiesta de casamiento, hubo otro momento que le compitió casi a la par.
En las declaraciones, uno de los detenidos sostuvo que, como es estudiante de veterinaria, le atendía la mascota a Galván, un perro. Y no solo eso, también era su paciente un caballo que el jefe de la comisaría usaba para desfilar en los actos cívicos y gauchescos de la localidad.
Si, el detenido cuidaba al caballo del comisario.
Este viernes, habló Galván, pero no se refirió al hecho. No respondió preguntas del fiscal y se limitó a sostener que el hecho denunciado responde a una interna policial, de sus superiores. “Cuando un jefe te dice que te va a destruir, te destruye”, sostuvo.
Familiares y su esposa negaron la versión de los detenidos esclavizados. En su declaración, expresaron que ellos se ocuparon de servir en la fiesta, en contraste con lo que habían declarado anteriormente los presos.
El fiscal Guillermo Sancho contó que siete meses después del hecho, en diciembre de 2024, Galván intentó improvisar una coartada. “Había dos vecinos de la localidad que habían firmado una exposición policial en la que aseguraban haber pasado por la celebración sin advertir la presencia de los presos. Pero este viernes, esa prueba se cayó. Porque en la declaración de los propios testigos presentados por la defensa quedó claro que esa exposición fue simplemente una firma en un papel que rubricaron rápidamente, sin leer detenidamente su contenido. Hoy, al leerlo en su totalidad, expresaron que eso no era cierto”, sostuvo el funcionario judicial.
El juicio culminó este viernes y el 28 de julio el juez Aníbal Olié dará a conocer la sentencia. El fiscal general Guillermo Sancho pidió un año y tres meses de prisión, de ejecución condicional -es decir, no efectiva- y el doble de tiempo de inhabilitación especial para ocupar cargos o empleos públicos.
Por su parte, la defensa del oficial Galván, integrada por los abogados Marcos Bertolotti y Emanuel Morales, solicitó la absolución por considerar que el hecho no está probado y, subsidiariamente, apelando al principio de la duda, también pidió su absolución.
