Una mujer, su pareja y un joven, todos oriundos de Salta y familiares del niño, fueron arrestados en Tunuyán, Mendoza, tras raptar a un menor de 3 años. Testigos aseguran que ya había un comprador esperándolo en Salta. La Justicia investiga si se trató de un intento de trata infantil encubierto como traslado familiar.
Las jóvenes recibieron asistencia por el Programa de Atención a Víctimas de Trata de Personas del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Tucumán.
Los menores son captados a través de grupos donde se plantea como un desafío agregar contactos y luego, ofreciendo dinero a cambio, a compartir fotos y videos de abuso sexual infantil.
Los ministros de Seguridad, Patricia Bullrich, y de Justicia, Mariano Cúneo Libarona junto al gobernador de Chaco, Leandro Zdero, dieron a conocer el lamentable hecho.
El trágico hecho ocurrió en la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en el centro-sur de Guayaquil. Durante su sermón, el padre Patricio Sánchez Molinari había dejado una premonitoria reflexión ante sus fieles: "Un día vamos a morir". Minutos después, la estructura de madera se desplomó de forma imprevista provocándole la muerte instantánea.
La Policía de Salta secuestró 26 teléfonos celulares para recolectar prueba digital tras descubrir que los adolescentes simulaban la mayoría de edad mediante credenciales digitales adulteradas. Los jóvenes fueron restituidos a sus padres por disposición de la Unidad Fiscal Federal Salta.
El trabajador recibió una fuerte descarga eléctrica en pleno desarrollo de sus funciones y quedó suspendido en la estructura. Pese a la desesperación de sus compañeros de cuadrilla, no lograron reanimarlo. La Policía y la Justicia investigan las circunstancias exactas en las que se produjo el letal accidente laboral.
El operativo estuvo a cargo de efectivos del Grupo de Apoyo Policial tras una alerta al 911. Un sujeto de 33 años fue sorprendido en la zona de Lerma y Gabino Blanco con tramos de cableado pertenecientes a una empresa de telecomunicaciones y un arma blanca. Quedó alojado a disposición de la Justicia.
A más de seis años del salvaje homicidio ocurrido durante la cuarentena en el centro salteño, el Tribunal de Impugnación hizo lugar al pedido de la Fiscalía. Revocaron la pena de 19 años de prisión que beneficiaba a Agustín Morales por "atenuantes de adicción" y le impusieron la máxima pena al acreditar la agravante de criminis causae.