Agustín
El Gobierno prepara un decreto para que las Fuerzas Armadas puedan combatir organizaciones terroristas y bandas narcos dentro del país. El texto ya lo trabajaron las áreas de los ministros Patricia Bullrich (Seguridad) y Luis Petri (Defensa) y fue revisado por la secretaría de Legal y Técnica, que preside Javier Herrera Bravo.
La Casa Rosada establecerá que los militares puedan participar de la defensa ante “amenazas extranjeras no estatales” en el territorio interno. En Balcarce 50 apuntan contra organizaciones como Hamas, Hezbollah y carteles del narcotráfico de otros países que busquen operar en la Argentina.
El Ejecutivo planea dejar sin efecto el decreto 727/ 2006, que reglamenta la Ley de Defensa Nacional (Ley 23.554). Quiere modificar el artículo 32 de la norma, que establece que “la misión primaria fundamental del Instrumento Militar consiste en asegurar la defensa nacional ante situaciones de agresión externa perpetradas por fuerzas armadas de otros Estados”.
Los funcionarios involucrados en la redacción del texto sostienen que “el decreto reglamentario actual es inconstitucional en diferentes sentidos” y aseguran que “en ningún momento la ley prohíbe que las fuerzas actúen contra enemigos no estatales dentro y fuera de nuestro territorio”.
El Gobierno quiere además que las Fuerzas Armadas puedan movilizarse para realizar operativos en la frontera junto a Prefectura, Gendarmería y agentes de Inteligencia Criminal. Lo mismo aplica para defender “objetivos de valor estratégico”, como una central nuclear o una represa.
Hay diferencias en las fuerzas sobre el uso del aparato militar para contrarrestar enemigos extranjeros no estatales. El excomandante operacional del Estado Mayor Fabián Jorge Berredo se oponía a esta política de Defensa y fue reemplazado por el general de brigada Cristian Pablo Pafundi tras una serie de conflictos internos.
El Ejecutivo busca acelerar la Ley Antimafias, que tiene media sanción de la Cámara de Diputados. Propone agravar las penas por el crimen organizado y el tráfico de drogas con modificaciones en los códigos Penal y Procesal Penal. El texto contempla sanciones de 8 a 20 años de prisión por la pertenencia a una asociación ilícita.
La Casa Rosada decidió apurar las reformas en Defensa y Seguridad luego de que se difundiera un video de un supuesto grupo narco amenazando de muerte a Bullrich y al gobernador Maximiliano Pullaro (Santa Fe). En Balcarce 50 sostienen que planean “ir hasta las últimas consecuencias para enfrentarlos”.
