El pasado 6 de marzo, el exintendente de Iruya, Alfredo Daniel Soto, fue condenado a 4 años de prisión efectiva por dos hechos de peculado.
La causa
Las actuaciones en la causa iniciaron en febrero del 2020. Allí, la apoderada de la Municipalidad de Iruya radicó una denuncia en la Oficina de Orientación y Denuncias del Ministerio Público Fiscal.
La fiscal Salinas Odorisio sostuvo que el acusado, en su calidad de Intendente de la localidad, emitió el 6 de diciembre del 2019 tres cheques a favor de la Municipalidad de Iruya por un monto total de $ 970.000, que él mismo cobró el tres días después, sin dejar constancia de su destino ni ninguna rendición de cuentas en los libros de la comuna.
En cuanto al segundo hecho, la titular de la UDEC consideró que el acusado recibió del Ministerio de Desarrollo Social fondos provenientes de los programas sociales AIPAS (Asistencia Critica y Pan Casero) por un importe total de $14.594.982,93; de los cuales sólo rindió $8.716.909,50, quedando un saldo pendiente de rendir de $5.878.073,43.
Según la auditoría de la comuna, existía un faltante de $7.773.758,89. Luego de finalizado el mandato del exintendente (2015/2019), ingresó un informe de cheques rechazados (emitidos un día antes de la finalización de la gestión) por un valor de $ 5.397.032,62.
De las investigaciones realizadas por el Gabinete de Delitos Económicos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), surgió que existiría un faltante de dinero de $6.848.073,43. La administración y custodia de ese dinero le habían sido confiadas al Intendente. La Fiscal estimó que los montos, actualizados al valor de hoy, alcanzarían aproximadamente los 100 millones de pesos.
