Por disposición judicial, un detenido alojado en la comisaría 1 de Metán fue trasladado al Banco Nación de esa localidad para cobrar el IFE, pero no pudo percibir el beneficio porque la sucursal estaba llena y algunos que estaban en la fila comenzaron a quejarse porque se encontraba custodiado por policías y se negaron a darle prioridad.
"Yo tengo un familiar que es una persona honesta y no puede cobrar el IFE y hay algunos presos que lo obtienen. La verdad que es una injusticia", se quejaron.
El oficio fue librado por el Juzgado de Garantías 1, a cargo del juez Mario Herminio Teseyra, quien ordenó que se arbitraran los medios para trasladar a Claudio Maximiliano Rivera, acusado de hurto calificado y daños, al banco para percibir el denominado refuerzo alimentario.
"El juzgado lo único que hace es autorizar el traslado del detenido al banco con todos los recaudos de seguridad necesarios luego de constatar que el detenido va a percibir el beneficio que otorga la Anses, no la Justicia", aclaró el juez Teseyra en diálogo con un medio local.
Sin embargo, el Boletín Oficial de la República Argentina publicó el 30 de septiembre de 2023 sobre el refuerzo para trabajadores informales (decreto 493/2023) disposiciones en las que aclara que la persona solicitante no debe estar privada de la libertad, bajo cualquier modalidad.
Lo llamativo es que la página de Anses no aclara sobre ese punto. En el artículo 5 del decreto presidencial específica sobre el refuerzo para trabajadores que consistirá en dos pagos mensuales cada uno de $47.000, a realizarse uno en octubre de 2023 y otro en noviembre del mismo año.
