El Consejo de la Magistratura abrió el juicio político contra la jueza acusada de pedir una coima

El Consejo de la Magistratura abrió el jueves por la noche el juicio político contra Norma Abate de Mazzuchelli, la jueza de La Rioja acusada de cobrar 8 millones de pesos por una coima, que salió a la luz tras un informe de Telenoche Investiga.

Fue a propuesta de la diputada Gabriela Rodriguez (UCR). Votaron a favor de la apertura todos los consejeros presentes, física y virtualmente (los representantes del Ejecutivo, del Legislativo y de los jueces en el Consejo de la Magistratura).

La Legislatura de La Rioja debate el futuro de la jueza acusada de cobrar 8 millones de pesos por una coima
Ahora la Cámara de Diputados tiene que tratar el expediente que le mandó la Justicia, referido a la renuncia de la jueza denunciada, y definir si acepta o rechaza la renuncia. La sesión especial está convocada para hoy a las 18.30 con el objetivo de “garantizar una Justicia transparente, y asegurar los derechos de las y los ciudadanos”, según indicaron a través de las redes sociales de la Legislatura.

De acuerdo a lo que informaron en un comunicado oficial, los legisladores llevarán a cabo una reunión en la cual “se dará tratamiento a la renuncia presentada” por la magistrada, cuya solicitud fue rechazada por parte del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja. En su lugar, determinaron que irá directamente a jury de enjuiciamiento.

Anteriormente, en cuanto Mazzuchelli presentó la renuncia a su cargo, referentes del PRO y la UCR exigieron que se desestime la solicitud. “No aceptamos la renuncia de la jueza Mazzuchelli por las denuncias de coimas. Aceptarla garantizaría una jubilación de privilegio para alguien corrupta. Exigimos el jury de enjuiciamiento para asegurar justicia y transparencia”, expresó el radical Guillermo Galván, según informó el medio Rioja Virtual.

Por otra parte, la referente del PRO Luciana de León advirtió que “el Poder Judicial riojano debe ser saneado con urgencia” y sumó un detalle que hizo crecer la tensión: “Si renuncia, se jubila como jueza. Si la destituyen no se puede jubilar. ¿Se entiende la diferencia? Si le aceptan la renuncia queda claro que otros tienen miedo de que prenda el ventilador”.

De acuerdo a la Constitución provincial, el procedimiento de la remoción de jueces está establecido en los artículos 152, 156 y 157. Allí, se señala que los jueces “se remueven por causales del juicio político” y el procedimiento será ante el jurado de enjuiciamiento que “tendrá a su cargo la remoción de los jueces”.

En este caso, la acusada, que ya fue suspendida de su puesto, continuará sin ejercer hasta 30 días hábiles con la posibilidad de solicitar una prórroga por 15 días más. Si se la declara culpable del delito por el que fue denunciada, será destituida, pero, si la Justicia la encuentra inocente de los cargos imputados, la carta magna prevé que le corresponde la reposición en el cargo.

Los detalles del caso de la jueza que fue denunciada de cobrar 8 millones de pesos por una coima
Telenoche Investiga presentó un informe con el testimonio de la denunciante y pruebas determinantes. Entre ellas, un video en el que se ve cómo la jueza le pide el dinero a Manuela Saavedra, la denunciante, por agilizar el expediente. Abate de Mazzuchelli propone allí que sean ocho millones de pesos para ella: “Lo que cobraron ellos”, dice, con referencia a los abogados que intervinieron en la sucesión.

Posteriormente, la magistrada le consultó: “¿Vos cuánto creés que podés?”. Toda la conversación quedó registrada por la cámara oculta.

Tras ello, Telenoche Investiga entrevistó a Saavedra -quien detalló toda la trama, desde que conoció a Abate de Mazzucchelli- y fue a buscar la palabra de la jueza, que negó de manera categórica las acusaciones.

Saavedra también formuló una denuncia penal en la fiscalía de turno de La Rioja, a cargo del fiscal Luis González Aguirre. La mujer acusa a la jueza Norma Abate de Mazzucchelli por el presunto delito de concusión, al exigir indebidamente dinero en provecho propio. Saavedra estuvo acompañada por el equipo de abogados de la ONG Poder ciudadano, que habilitó el número 51147200 para recibir denuncias de otros casos que se hayan visto afectados por el proceder de la magistrada.