El Gobierno endureció los requisitos para importar ropa usada: exigirán certificaciones de desinfección y habrá sanciones

El Gobierno nacional oficializó una profunda reformulación en las reglas de juego para la comercialización e ingreso de prendas de vestir usadas al territorio argentino. A través de la Resolución 461/2026 de la Secretaría de Industria, Comercio y PYME —publicada este miércoles 11 de noviembre en el Boletín Oficial—, se dispuso un nuevo marco normativo que impone estrictos controles higiénicos, documentación obligatoria y severas penalidades para quienes infrinjan el régimen.

La medida alcanza a todas las prendas y artículos textiles usados que ingresen al país bajo las modalidades de fardos, sacos o a granel. Según los fundamentos oficiales, la decisión responde a evaluaciones técnicas del Ministerio de Salud que alertaron sobre los riesgos biológicos y sanitarios vinculados a la circulación de indumentaria sin tratamiento de higienización verificado en origen.

Tratamientos obligatorios, prohibiciones y plazos de despacho

La nueva reglamentación —que entrará en vigencia formal este jueves 12 de noviembre— exige que los lotes textiles hayan sido sometidos a rigurosos procesos de limpieza, lavado industrial, secado y desinfección química antes de ser embarcados hacia la Argentina.

Principales ejes de la normativa:

1. Restricciones absolutas: Se prohibió formalmente el ingreso bajo este régimen de ropa interior y calzado usables, por considerarse vectores directos de transmisión de agentes contaminantes y dermatológicos.

2. Certificación previa: Los importadores deberán presentar los certificados sanitarios emitidos en el país de origen ante las autoridades locales antes de realizar el despacho de la carga.

3. Plazo de operación: Una vez aprobada la documentación y notificada la conformidad sanitaria, la empresa dispondrá de un plazo improrrogable de 90 días hábiles para concretar el despacho a plaza de la mercadería.

Sanciones y reembarque a cargo del importador

La Resolución 461/2026 introduce asimismo un esquema sancionatorio estricto para evitar maniobras de elusión o falsificación de documentación. En caso de que las inspecciones de Aduana o de Salud detecten inconsistencias o falta de desinfección en los cargamentos arribados a los puertos o pasos fronterizos, la mercadería será devuelta de manera obligatoria al lugar de origen en un plazo máximo de 30 días corridos. Todos los costos logísticos y de reembarque deberán ser afrontados íntegramente por el titular de la importación.

Finalmente, la Secretaría de Industria advirtió que las personas humanas o jurídicas que incurran en incumplimientos de manera reiterada quedarán inhabilitadas y suspendidas para operar dentro del régimen de importación por un período de 36 meses (3 años).