Nicolás
FRENTE A FRENTE.-Los gobernadores de las distintas provincias ingresaron ya a Casa de Gobierno, para comenzar con la reunión que mantendrán con el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro del Interior, Guillermo Francos, para reconstruir el diálogo que inicie el camino hacia el Pacto de Mayo, que deberá tener previamente la aprobación de la Ley de Bases y un acuerdo fiscal.
Arribaron Leandro Zdero (Chaco), Carlos Sadir (Jujuy), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca), Axel Kicillof (Buenos Aires), Martín Llaryora (Córdoba), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Sergio Ziliotto (La Pampa), Marcelo Orrego (San Juan) y Gustavo Valdés (Corrientes).
También lo hicieron, Jorge Macri (CABA), Gustavo Sáenz (Salta), Hugo Passalacqua (Misiones), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Claudio Poggi (San Luis), Rolando Figueroa (Neuquén), Ignacio Torres (Chubut), Claudio Vidal (Santa Cruz), Alberto Weretilneck (Río Negro) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero).
También concurrieron vicegobernadores, en lugar de los mandatarios provinciales que no pudieron asistir: Teresa Madera (La Rioja), Eber Solís (Formosa), Gisela Scaglia (Santa Fe) y Hebe Casado (Mendoza).
El reloj marcaba las 14.45, el horario exacto para el que habían sido citados, cuando los mandatarios provinciales comenzaron a llegar a Balcarce 50. Se trata del primer encuentro entre las partes con el que el gobierno buscará dar un nuevo comienzo a la negociación para poder regresar al Congreso con el proyecto de Ley Bases.
Dispuestos a ejercer más cambios sobre su propuesta y a entregar más recursos a las provincias, el oficialismo presentó a Nicolás Posse y Guillermo Francos como intermediarios.
Tal como describió Infobae, los representantes del presidente, llegaron al encuentro con una serie de temas prioritarios en agenda, donde entremezclarán los ejes del texto de la Ley Ómnibus con "nuevos" puntos, que en realidad serán extraídos del DNU de desregulación de la economía. Además, sumarán temáticas introducidas por parte del oficialismo en el debate público durante las últimas semanas, como la declaración de la educación, la salud y el transporte como servicios esenciales, para limitar el derecho a hacer huelga.
