
El Renaper y los pasos fronterizos quedarán en el Ministerio del Interior. Ambiente pasa a Jefatura de Gabinete.
“La cárcel no es un hotel ni un recreo”, afirmó Manuel Adorni al anunciar las nuevas medidas.
Nacionales04/11/2025
Debora

El Gobierno nacional anunció un cambio profundo en el sistema penitenciario: las personas condenadas penalmente ya no podrán acceder a planes sociales durante el tiempo que dure su condena. La medida fue oficializada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien aseguró que la decisión busca “poner fin a los privilegios dentro de las cárceles”.
La disposición fue impulsada de manera conjunta por el Ministerio de Capital Humano y el Ministerio de Justicia, en el marco del programa denominado “Ocio Cero”. Este plan apunta a que los internos —sin excepción— trabajen mientras cumplen su pena, contribuyendo económicamente al sostenimiento del establecimiento penitenciario y a la reparación de los daños ocasionados por el delito cometido.
“La cárcel no es un hotel ni un lugar de ocio. El que está cumpliendo una condena debe aportar al sistema”, sostuvo Adorni durante la conferencia de prensa en Casa Rosada.
Prohibición de celulares en las celdas
Además de la baja de los planes sociales, el Gobierno confirmó que los presos no podrán tener sus celulares dentro de las celdas. Se busca evitar situaciones de extorsiones, coordinación de delitos desde el penal y publicaciones en redes sociales realizadas por reclusos, algo que se volvió frecuente en los últimos años.
Fuentes oficiales señalaron que se avanzará en la implementación de sistemas de telefonía controlada, con comunicaciones previamente registradas y autorizadas por el servicio penitenciario.
Trabajo obligatorio para quienes estén condenados
Dentro del programa “Ocio Cero”, el Ejecutivo plantea:
Incorporar talleres productivos obligatorios.
Destinar parte del salario del interno a una cuenta judicial para la reparación a las víctimas.
Reducir los tiempos de ocio prolongado dentro de las cárceles.
Desde el Gobierno sostienen que la medida apunta a “ordenar el sistema penitenciario” y que otros países ya cuentan con modelos similares donde el trabajo forma parte del proceso de reinserción.
¿A quiénes afecta la medida?
Solo aplica a personas con condena firme.
No incluye a quienes aún estén en prisión preventiva.
El objetivo —según indicaron desde el Ministerio de Justicia— es que el Estado deje de financiar beneficios sociales que estaban siendo percibidos por personas que no podían trabajar en libertad por estar privadas de ella.

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