Agustín
La Cámara de Casación dio inicio a las audiencias de apelación en la causa más resonante de los últimos años. El expediente por el direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz entró en una etapa clave. Se trata de los argumentos presentados en forma oral por cada una de las partes para ratificar o revocar la sentencia de primera instancia, que tuvo lugar el año pasado.
El fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal reclamó que se revoque el sobreseimiento de Cristina Kirchner por la figura de asociación ilícita. En una sala AMIA colmada de los tribunales de Comodoro Py, Mario Villar expresó ante los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña que la expresidenta debe ser considerada la jefa de la organización. Y que el resto de sus exfuncionarios que fueron absueltos por el Tribunal Oral Federal 2 también tienen que ser penados por haber sido miembros de dicha asociación ilícita, conformada con el supuesto objetivo de defraudar al Estado. Para Villar hubo una “verdadera organización criminal” y quedó probado en el juicio -que se extendió por casi cuatro años- que 51 obras en la provincia patagónica fueron direccionadas a favor del empresario Lázaro Báez.
De esta manera, durante dos horas de exposición, el fiscal Villar sostuvo lo que su colega Diego Luciani señaló durante el debate oral y reclamó que se revoquen las absoluciones de Julio De Vido, Héctor Jesús Garro, Abel Fatala y Carlos Kirchner. Mientras que pidió que se eleve la condena a CFK de 6 a 12 años de prisión más la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
El Ministerio Público basó su argumentación en los chats del exsecretario de obras públicas, José López en los que se hablaba del supuesto plan “limpiar todo”. Se trata de la transcripción de mensajes de López con diversos funcionarios, en los que mencionaba a “la señora” y a partir de los cuales la fiscalía interpretó que Báez y el resto de los acusados planearon el cierre de las empresas, con el abandono de las obras y el cobro de certificados justo antes de que asumiera Mauricio Macri como presidente en el año 2015.
Sin embargo, dicha prueba fue ampliamente cuestionada durante el juicio. Es porque se produjo en el marco de otro expediente, sin el control de las partes y se incorporó a Vialidad sin que ninguno de los imputados pudiese defenderse sobra la misma. El tribunal incorporó los chats recién al final del juicio y la fiscalía no llamó a un solo testigo ni interrogó a los imputados sobre los contenidos de esas conversaciones. Por lo que en el debate sólo quedó establecida la interpretación del Ministerio Público sobre lo que decían los WhatsApp.
Así y todo, Villar pidió para Báez y López la pena de 12 años y para el ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad, Nélson Periotti la pena de 10 años de prisión por también considerarlos organizadores de la supuesta asociación ilícita.
En esta instancia de revisión de la sentencia la fiscalía no sumó nuevos argumentos. Villar aseguró que Austral Construcciones S.A. fue una empresa creada para defraudar al Estado, bajo el mando de Cristina Kirchner, quien -opinó- no estaba ajena a las licitaciones como afirmó su defensa. Para el fiscal quedó probado que hubo “connivencia” entre CFK, sus exfuncionarios y el empresario Lázaro Báez.
La próxima audiencia será este jueves cuando comenzarán a exponer las defensas. El turno de los abogados de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, será el próximo 7 de marzo.
