Condenaron a tres personas, incluido un policía, por maniobras ilegales con vehículos secuestrados en la causa "Ríos & Asociados"

FRENTE A FRENTE.-Una nueva ramificación de la causa por la financiera trucha "Ríos & Asociados" llegó a una resolución judicial en Salta. La fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio —a través del auxiliar fiscal Pablo Nieva—, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de juicio abreviado donde la jueza Claudia Puerta homologó condenas para tres involucrados.

El caso expuso maniobras delictivas que incluyeron la falsificación de documentación, estafas y la utilización ilegal de vehículos que permanecían retenidos por la Justicia desde marzo de 2022.

Las condenas y sanciones impuestas

• César Daniel Fernández: El efectivo policial, que se desempeñaba formalmente como verificador en el Depósito de Secuestros del Poder Judicial, fue condenado a tres años de prisión de ejecución condicional, una multa de $1.296.000, inhabilitación absoluta perpetua y el cumplimiento de estrictas reglas de conducta. Fue hallado responsable de falsificación ideológica de instrumento público agravada por su función (dos hechos), en concurso ideal con partícipe necesario de estafa (dos hechos), y concusión en 36 hechos (en concurso real).

• Ángel Emanuel Franco: Recibió la pena de un año de prisión de ejecución condicional y reglas de conducta por dos hechos de estafa en concurso ideal con dos hechos de uso de instrumento público falso.

• Mariela del Valle Herrera: La mujer, que se desempeñaba como gestora, fue sentenciada a un año de prisión de ejecución condicional y reglas de conducta por un hecho de estafa en concurso ideal con uso de instrumento público falso.

Asimismo, la magistrada interviniente dispuso la anulación formal de la inscripción registral de un automóvil Ford Focus y del Formulario 08 vinculado a una camioneta Toyota Hilux que formaban parte de las maniobras.

Cómo operaba la red: el caso del Ford Focus y la Hilux

La investigación de la UDEC se originó al detectarse que un Ford Focus, retenido bajo custodia judicial desde marzo de 2022 por la causa "Ríos & Asociados", registraba un cambio de titularidad totalmente irregular, realizado en abril de 2024 sin autorización de la Fiscalía ni del Juzgado. Sobre ese mismo rodado, además, se había constituido una prenda por más de $11 millones.

Las pesquisas del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) determinaron que Fernández había firmado un Formulario 12 falso que certificaba la verificación del auto, permitiendo la transferencia y la obtención del crédito. En tanto, Franco actuó como nexo y Herrera —en su rol de gestora— consultó el estado del dominio ante los registros automotor y mantuvo contactos constantes con Franco durante el trámite.

El allanamiento a los domicilios permitió descubrir que el accionar no se limitaba a un solo vehículo. En la vivienda de Franco se halló documentación vinculada a una Toyota Hilux, también secuestrada en la causa principal y depositada en el Área de Movilidad del Poder Judicial. Entre los papeles secuestrados había otro Formulario 12 firmado por Fernández y un Formulario 08 que simulaba una compraventa por $13 millones para concretar un nuevo crédito prendario, pese a que su titular original jamás había vendido el rodado.

Corrupción y 36 hechos de concusión

El avance de la investigación sobre el accionar del policía Fernández destapó una red de irregularidades aún mayor. Durante el allanamiento a su domicilio, los sabuesos de la UDEC secuestraron 500 formularios de verificación vehicular en blanco.

Del análisis de dicha documentación y testimonios recabados, la UDEC logró constatar 36 hechos en los cuales el uniformado había realizado verificaciones cobrando dinero en efectivo a los particulares, fondos que jamás fueron rendidos ni ingresados formalmente al Fondo Único Policial.