Caso Gogo Ramos: prisión preventiva el principal imputado

FRENTE A FRENTE.-Un caso de extrema gravedad institucional convulsiona a la Policía de la Provincia de Salta y al fuero penal capitalino. La Justicia formalizó la investigación penal preparatoria contra cuatro efectivos pertenecientes a la Dirección de Seguridad Urbana (DSU), involucrados de forma directa en el homicidio de un hombre de 36 años durante una intervención desplegada en la zona este de la ciudad.

El fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas (UGAP), Daniel Espilocín, imputó provisionalmente al cabo operador de escopeta, de 29 años, como presunto autor del delito de homicidio doblemente agravado por abusar de su función o cargo policial y por el uso de arma de fuego. Asimismo, imputó a un sargento de 43 años y a dos agentes de 23 y 25 años (una de ellas mujer) como coautores de encubrimiento agravado.

Tras la audiencia, el juez de Garantías del distrito Centro, Pablo Zerdán, hizo lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal y dictó la prisión preventiva para el cabo. En tanto, para los otros tres policias dispuso arresto domiciliario por 30 días con monitoreo electrónico mediante tobillera de la UADME, sumado a la prohibición absoluta de contacto entre ellos y con los testigos de la causa.

Ataque a quemarropa, abandono de persona y falsedad ideológica

La reconstrucción de la hipótesis fiscal establece que el trágico hecho ocurrió durante la madrugada del pasado martes 3 de noviembre de 2026, alrededor de las 1:40, cuando el móvil de la Seguridad Urbana arribó a la intersección de las calles Francisco Muñiz y Filiberto de Menes.

En el lugar, el cabo apuntó su escopeta reglamentaria contra la víctima de 36 años, quien caminaba por la vía pública, ejecutando múltiples disparos que le impactaron de lleno en ambas piernas y en la espalda. Pese a la extrema gravedad de las lesiones, los cuatro policias se retiraron del lugar a bordo del patrullero sin prestarle ningún tipo de auxilio ni asistencia médica.

La víctima debió ser socorrida minutos más tarde por personal del SAMEC y trasladada de urgencia al hospital San Bernardo, donde ingresó en estado crítico y falleció a las pocas horas como consecuencia de un shock hipovolémico masivo provocado por la pérdida masiva de sangre.

Las pruebas que desmintieron la versión policial

Para ocultar el accionar ilegal, los uniformados presentaron un informe ante sus superiores jerárquicos afirmando haber realizado un único «disparo de despeje o repliegue» ante una presunta agresión con pedradas y elementos contundentes por parte de vecinos.

Sin embargo, las pericias científicas sepultaron la coartada policial. El fiscal Espilocín reunió elementos probatorios decisivos: los registros del sistema de geolocalización (GPS) del patrullero, peritajes balísticos y planimétricos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), testimonios de vecinos que presenciaron el ataque y el informe preliminar de la autopsia, el cual confirmó la presencia de múltiples impactos de proyectiles en el cuerpo del hombre fallecido.