Nicolás
FRENTE A FRENTE.-La tensión en el sistema de transporte público de pasajeros de Salta escaló a un nivel crítico. Las empresas prestatarias del servicio metropolitano confirmaron que la crisis financiera dejó de ser una advertencia y ya comenzó a repercutir en las calles mediante una reducción de unidades y frecuencias.
El reclamo fue formalizado a través de una solicitada firmada de manera conjunta por las firmas Ahynarca SA, Ale Hnos. SRL, El Cóndor SA, Alto Molino SRL, Transal SRL, Eduardo Ale SRL y Transporte Automotor del Valle SRL. En el escrito, las compañías pidieron disculpas a los usuarios afectados y apuntaron directamente contra la conducción de SAETA por el "progresivo deterioro" del sistema.
De acuerdo con lo expuesto por las prestatarias, SAETA mantiene demoras e incumplimientos en el pago de los servicios prestados desde el mes de julio. Esta falta de recursos financieros comenzó a golpear de lleno en la operativa cotidiana, comprometiendo seriamente la reposición de combustible y la capacidad de afrontar otras obligaciones indispensables para mantener los colectivos en la calle.
Si bien el comunicado no detalla cuántas unidades fueron retiradas de circulación ni especifica los montos exactos de los certificados adeudados, ratifica que el conflicto económico traspasó la barrera contractual y ya genera consecuencias directas para los pasajeros.
Por su parte, desde SAETA indicaron que durante la jornada se brindará información oficial para fijar su postura frente a las acusaciones, el alcance de la deuda y la merma en las frecuencias denunciada por las empresas.
Este nuevo cortocircuito es un capítulo más de un conflicto que blanqueó su gravedad a comienzos de septiembre. El pasado día 1, las operadoras presentaron una nota en la mesa de entrada del organismo advirtiendo que solo contaban con combustible para operar durante seis días debido a la falta de pagos en tiempo y forma.
Ante aquella advertencia, SAETA respondió formalmente intimando a las empresas a garantizar la continuidad del servicio, recordándoles la vigencia de sus obligaciones contractuales y prohibiendo cualquier alteración unilateral. En paralelo, el organismo reconoció un déficit operativo y adelantó que gestionaba una asistencia financiera extraordinaria ante el Gobierno provincial.
Aunque en aquel momento se evitó la paralización total y continuaron los pagos semanales según los fondos disponibles, las prestatarias sostienen que el problema estructural no se resolvió y que la situación se tornó insostenible.
Las empresas reclamaron el "estricto cumplimiento" de los contratos, exigieron seguridad jurídica para quienes invierten en el sector y solicitaron la intervención directa del gobernador Gustavo Sáenz para lograr una "solución urgente y definitiva".
"El transporte público no es una variable de ajuste; es un servicio esencial y un derecho social que SAETA y el Estado deben garantizar de forma ininterrumpida", enfatizaron en el documento.
Cabe recordar que el sistema metropolitano acarrea dificultades financieras profundas desde la eliminación de los subsidios nacionales al transporte del interior a fines de 2023. A ese faltante de recursos se le sumaron el encarecimiento constante del combustible, los repuestos, los salarios y una retracción en la venta de pasajes.
En este escenario, la atención se concentra en las medidas que adoptará la Provincia y la respuesta oficial de SAETA para evitar que la reducción de unidades y frecuencias continúe profundizándose en perjuicio de los usuarios.
Fuente: El Tribuno
