Nicolás
FRENTE A FRENTE.-Un gravísimo caso de violencia sexual y de género registrado en la capital provincial tuvo su resolución judicial en las últimas horas, luego de que un chofer de remis de 46 años fuera condenado a la pena de siete años de prisión efectiva en el marco de un juicio abreviado.
La investigación estuvo a cargo de la fiscal penal interina de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual (UDIS), Celina Morales Torino, quien representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia. El fallo fue dictado por el juez Francisco Mascarello, quien homologó el acuerdo pleno entre las partes y halló culpable al acusado por los delitos de abuso sexual con acceso carnal, lesiones leves y rapto, todo en concurso real.
El hecho que derivó en la condena se originó en la madrugada del 20 de septiembre de 2025, a raíz de la denuncia radicada por la víctima. De acuerdo a la reconstrucción judicial, la mujer había asistido a un local bailable y, al retirarse, abordó un remis acompañada por otras personas de su mismo grupo de confianza.
Con el correr de las cuadras, los demás ocupantes fueron descendiendo del rodado, quedando la pasajera sola a solas con el conductor. En circunstancias que aún evidencian la pérdida repentina de lucidez, la víctima perdió el conocimiento dentro del automóvil.
Al despertar, se encontró desorientada en el asiento delantero y con evidentes signos de haber sufrido un ataque sexual. Cuando logró recobrar la compostura y le exigió al chofer que la llevara a su domicilio, el sujeto desvió el trayecto e ingresó a una zona de descampados.
La situación de peligro escaló cuando, al advertir la presencia de una empresa y de un efectivo policial en la vía pública, el vehículo aminoró la marcha. En ese instante, la mujer intentó abrir la puerta para escapar, pero el remisero reanudó la marcha de forma violenta y brusca, provocando que fuera arrastrada varios metros sobre el pavimento y sufriera lesiones leves.
La rápida intervención del personal policial que patrullaba la zona permitió asistir a la víctima y trasladarla a un centro de salud. El dato clave lo aportó un uniformado que logró registrar la patente del rodado, lo que facilitó identificar al titular y, posteriormente, al inquilino que alquilaba el vehículo para trabajar como remisero.
Durante la instrucción de la causa, la fiscal Morales Torino incorporó informes médicos, registros de cámaras de seguridad, testimonios y pericias técnicas sobre el vehículo. La prueba lapidaria provino del Servicio de Biología Molecular del Departamento Técnico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), cuya pericia genética confirmó la presencia de material biológico del imputado tanto en las muestras recolectadas del cuerpo de la víctima como en sus prendas de vestir, sellando su responsabilidad penal.
