Nicolás
FRENTE A FRENTE.-La causa que conmovió a la provincia a comienzos de año tomó un giro determinante en los tribunales salteños. El hecho salió a la luz el pasado 5 de marzo, cuando una beba de solo ocho meses de vida fue trasladada de urgencia por el SAMEC hacia la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica del Hospital Público Materno Infantil debido a un cuadro de convulsiones y un serio compromiso de su estado general.
Durante la atención médica, los profesionales de guardia detectaron lesiones compatibles con episodios de violencia física intrafamiliar, lo que motivó la radicación inmediata de la denuncia penal.
Las diligencias investigativas del Ministerio Público Fiscal incluyeron entrevistas a vecinos y un allanamiento en una vivienda del barrio Villa Lavalle, donde se concretó la detención de los progenitores. Ambos quedaron imputados por el delito de lesiones graves agravadas por el vínculo, sumado a una acusación por coacción contra el padre.
Pese a la gravedad del cuadro de la lactante, en abril los imputados reconocieron su culpabilidad en un juicio abreviado, recibiendo la pena de tres años de prisión de ejecución condicional y la quita de la patria potestad. Al tratarse de una pena no efectiva, la pareja recuperó la libertad.
Sin embargo, la Asesoría 9 del Distrito Centro, bajo la representación de la asesora Martha Bustos, presentó un recurso oponiéndose al cierre precipitado de la causa. La funcionaria sostuvo que el acuerdo resultaba prematuro y privaba a la víctima de una tutela judicial efectiva.
La Justicia dio lugar al planteo y declaró la nulidad de la resolución por falta de fundamentación, remarcando que "una sentencia rápida no siempre es una sentencia justa". Amparado en la Convención sobre los Derechos del Niño, el fuero judicial dejó sin efecto la condena previa y ordenó profundizar la investigación penal para llevar el caso a una instancia judicial adecuada.
