El gobierno de la provincia de Salta formalizó la implementación de un subsidio destinado a reducir los costos de las facturas de energía eléctrica y agua potable. La medida contempla bonificaciones que oscilan entre el 60% y el 100% del total de las tarifas, orientadas exclusivamente a los hogares con menores ingresos.
La reducción en las tarifas de los servicios públicos no se aplicará de manera automática, sino que estará sujeta a una evaluación patrimonial y de ingresos del grupo familiar solicitante.
El beneficio está dirigido a familias cuyos ingresos mensuales declarados sean inferiores al equivalente a dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).
La bonificación impactará tanto en el servicio de distribución de energía eléctrica como en el de agua corriente y saneamiento.
Requisitos y documentación requerida
Para acceder a la segmentación y obtener el descuento correspondiente, los usuarios deberán presentarse ante el Ente Regulador de los Servicios Públicos (ENRESP) con la documentación que acredite su situación socioeconómica.
Los requisitos solicitados incluyen:
- Documento Nacional de Identidad (DNI): De todos los integrantes del grupo familiar conviviente.
- Factura del servicio: Las facturas vigentes de luz y/o agua sobre las cuales se solicita el beneficio.
- Comprobantes de ingresos: Recibos de sueldo, comprobantes de jubilación, pensiones, asignaciones o, en caso de trabajadores informales, una declaración jurada de ingresos.
- Documentación del domicilio: Contrato de alquiler, escritura u otro documento que acredite la relación con la vivienda donde se prestan los servicios.
Desde el Poder Ejecutivo provincial, el gobernador Gustavo Sáenz enmarcó la medida dentro de las dificultades económicas actuales que atraviesa la región, señalando que la iniciativa busca amortiguar el impacto del costo de los servicios en los hogares más vulnerables.
Por su parte, la viabilidad financiera de este esquema de subsidios y su sostenibilidad a mediano plazo dependerán de las partidas presupuestarias provinciales asignadas para compensar a las empresas prestatarias de los servicios públicos involucradas.
