Nicolás
FRENTE A FRENTELa justicia provincial dictó tres resoluciones clave que respaldan y consolidan la investigación penal por un presunto hecho de contaminación ambiental en el área Lomas de Olmedo. El Juzgado de Garantías rechazó de forma contundente los planteos formulados por la defensa de una empresa petrolera, ratificando así la validez de todas las actuaciones impulsadas por la Fiscalía Penal de Pichanal, a cargo de la doctora María Sofía Fuentes.
La causa busca esclarecer el origen y las responsabilidades detrás de una grave surgencia de gases y fluidos detectada en 2023 en el antiguo pozo LO-X10. Con este objetivo, la Fiscalía lleva adelante un exhaustivo análisis técnico y administrativo sobre cómo se perforó, explotó y abandonó dicho pozo, evaluando las intervenciones de las distintas compañías que tuvieron la concesión del área con el correr de los años.
Frente a la magnitud del impacto socioambiental, el procurador general de la provincia, Pedro García Castiella, conformó una Unidad Fiscal especial que sumó a la fiscal civil de Orán, Marcela de los Ángeles Fernández, para coordinar las tareas de reparación del ecosistema. Asimismo, dispuso que el ingeniero en Recursos Naturales Joel Medina y la geóloga Melina Celedon, ambos pertenecientes al Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), lideren las medidas técnicas forenses en la zona afectada.
El informe presentado por los profesionales del CIF ante el Juzgado de Garantías determinó que las emanaciones descontroladas de la locación provocaron un daño grave al ecosistema observado en superficie. Por su parte, un informe presentado por la firma President Petroleum S.A., elaborado por el especialista Miguel Ángel Basile, coincidió en que la surgencia podría estar vinculada a un deficiente proceso de abandono del pozo, así como a la corrosión y roturas sufridas por el paso del tiempo.
En un intento por frenar el avance de la causa, la defensa de uno de los imputados promovió un incidente de recusación contra la fiscal Fuentes, acusándola de "falta de objetividad". Sin embargo, el magistrado oranense desestimó el recurso al argumentar que las diferencias de estrategia procesal no prueban parcialidad y que la fiscal actuó bajo las facultades que le otorga el Código Procesal Penal.
En la misma línea, el tribunal declaró "abstracto" un planteo de nulidad interpuesto contra la ampliación de la imputación. Con este escenario judicial resuelto, la Unidad Fiscal tiene luz verde para continuar con la producción de pruebas orientadas al completo esclarecimiento del presunto delito ambiental, la identificación de los responsables y la estimación de los costos necesarios para recomponer el ecosistema dañado.
