Condenaron a 10 años de prisión a un preceptor por corrupción de menores y grooming en Salta

Tras un juicio abreviado donde el acusado confesó los hechos, la Justicia del distrito Centro dictó una pena de diez años de cárcel común para el exmariscal escolar. El caso, iniciado por la denuncia de la madre de la víctima, determinó además su inmediata inscripción en el Banco de Datos Genéticos.
Policiales01/07/2026NicolásNicolás
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FRENTE A FRENTE.-En un fallo que marca un precedente clave en la lucha contra los delitos digitales y la vulneración de menores, un hombre de 52 años fue condenado a la pena de diez años de prisión de ejecución efectiva. El imputado se desempeñaba como preceptor en el establecimiento educativo al que asistía la víctima.

La fiscal penal especializada en Ciberdelincuencia, Sofía Cornejo, representó al Ministerio Público Fiscal durante la audiencia de juicio abreviado. La jueza del distrito Centro, Gabriela González, dictó la sentencia tras recibir la confesión del acusado y el expreso acuerdo alcanzado por las partes.

Una compleja calificación penal

El ex preceptor fue hallado culpable de una serie de delitos graves en concurso real:

  • Corrupción de menores agravada (por su rol como encargado de la educación).

  • Producción de material de abuso y/o explotación infantil.

  • Tenencia de material de abuso sexual y/o explotación infantil.

  • Grooming agravado por la participación de menores de 13 años.

El origen de la denuncia

La investigación judicial se activó a raíz de la denuncia presentada por la madre de una adolescente de 16 años. La mujer descubrió que su hija mantenía un contacto fluido a través de la aplicación WhatsApp con el preceptor del colegio.

Con el avance de las pesquisas tecnológicas y de campo, se constató que las comunicaciones telefónicas derivaron en encuentros presenciales en el domicilio del sospechoso. En ese lugar, el condenado obtuvo fotografías y videos con contenido sexual explícito de la menor, vulnerando de forma sistemática su integridad y favoreciendo su corrupción.

Además de fijar la detención en cárcel común para cumplir la totalidad de la pena, la magistrada dispuso la inmediata incorporación del condenado al Banco de Datos Genéticos de la provincia, conforme a los protocolos vigentes para este tipo de delitos.

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