Nicolás
FRENTE A FRENTE.-Una familia de origen colombiano radicada en la ciudad de Salta desde hace 14 años presentó una grave denuncia por presunta violencia institucional, agresiones físicas y tratos discriminatorios ejercidos por efectivos de la Policía de la Provincia en el barrio Castañares.
El episodio tuvo lugar el pasado martes 12 de agosto, cuando dos jóvenes salían de su domicilio particular y fueron interceptados para un control de rutina por una patrulla de la división Infantería. Según detalló Elizabeth Gómez Guerra, madre de los jóvenes, en declaraciones radiales a la emisora Aries, sus hijos colaboraron desde el primer momento aportando sus datos filiatorios de manera pacífica.
Sin embargo, el procedimiento dio un giro violento en el instante en que los agentes indagaron sobre su origen nacional. "Al enterarse de que eran colombianos, la actuación fue totalmente diferente", aseveró la mujer. Tras la respuesta, uno de los efectivos ordenó realizar un palpado preventivo que derivó en agresiones verbales y físicas: uno de los muchachos sufrió un golpe directo en el abdomen y fue reducido violentamente en el suelo por varios policías antes de ser aprehendido.
Gómez Guerra sostuvo que durante el traslado a las dependencias policiales, los uniformados profirieron reiteradas amenazas e insultos xenófobos como "colombianos, los vamos a deportar" y "ojalá te encontremos droga".
Posteriormente, el joven detenido transitó por un convulsionado itinerario que incluyó la Comisaría de Castañares, la alcaidía de Ciudad Judicial y diversos centros de salud hasta ser asistido por las lesiones recibidas en el Hospital del Milagro. Durante varias horas, la familia denunció haber permanecido en estado de incertidumbre sin recibir partes oficiales sobre la causa de la detención ni sobre la gravedad de los traumatismos que presentaba el joven.
Ante la gravedad del procedimiento, la familia confirmó que avanzará hasta las últimas consecuencias en el plano legal. Ya se realizaron las presentaciones correspondientes ante la Secretaría de Derechos Humanos, al tiempo que se dio aviso a las autoridades del Consulado de Colombia para que sigan el caso. La causa deberá ser investigada por las fiscalías penales de turno para determinar el accionar administrativo y las posibles responsabilidades penales del personal policial interviniente.
