El caso por el robo de equipamiento médico en el Hospital Materno Infantil dio un vuelco definitivo. Tras el hallazgo y la recuperación de los dispositivos, los cañones de la justicia y de la propia institución apuntan ahora a establecer las responsabilidades puertas adentro: la causa penal ya cuenta con personas imputadas y se inició un sumario administrativo contra dos empleados del nosocomio.
Pese a la gravedad de la situación, desde el hospital confirmaron que los trabajadores bajo sospecha aún no fueron separados de sus funciones mientras avanza la investigación que busca determinar cómo salieron los aparatos del edificio sin que nadie lo notara.
Los seis equipos médicos denunciados como sustraídos fueron recuperados y ya se encuentran nuevamente en el hospital bajo la figura de depositaria judicial. El hallazgo se produjo de manera casi fortuita durante una inspección de rutina del Ministerio de Salud en el marco de la habilitación de Neofénix SRL, una empresa médica que opera en el segundo piso de la Clínica del Centro, en calle Alvarado 858.
Allí, los inspectores detectaron aparatos cuyas características coincidían con el patrimonio del Materno Infantil. Al cotejar los números de serie, se confirmó la sospecha y se procedió a la denuncia judicial inmediata.
La facilidad con la que se retiraron los elementos sembró dudas sobre los mecanismos de seguridad del hospital. Al respecto, Lovaglio, asesor legal del hospital, defendió la gestión institucional argumentando que la magnitud del Materno Infantil y el volumen de insumos complican la detección inmediata. De hecho, precisó que el hospital había recibido una donación de más de 100 unidades de este tipo por parte de Nación.
Sin embargo, el sumario administrativo ya fue elevado y busca determinar si los dos empleados investigados actuaron como entregadores o facilitadores. De comprobarse su vinculación directa con el robo de los activos públicos, podrían enfrentar las máximas sanciones administrativas, incluyendo el despido con causa.
Por el momento, las identidades de los imputados en la causa penal y de los empleados sumariados se mantienen en reserva para no entorpecer el accionar de la fiscalía, en una causa que promete sacudir los pasillos de la sanidad pública salteña.
