Nicolás
FRENTE A FRENTE.-En un nuevo paso hacia la consolidación del superávit, el Gobierno Nacional dispuso una ampliación de los recortes presupuestarios que, en esta instancia, golpea directamente a los subsidios económicos. Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) basado en la Disposición 20/2026, la poda total asciende a $223.822 millones.
Esta decisión administrativa no solo afecta la infraestructura y servicios básicos, sino que también elimina partidas destinadas al fomento productivo regional y al funcionamiento de medios públicos.
El sector energético es el más afectado por la normativa, concentrando el 60% del recorte total con una baja de $136.231 millones. El desglose de la quita revela un impacto directo en la estructura de costos del servicio:
Reservas del Tesoro: Se eliminan $110.000 millones destinados originalmente a contener las tarifas energéticas.
Zona Fría: El Fondo Fiduciario FFGAS sufre una reducción de $11.392 millones, lo que pone en duda la continuidad de las compensaciones tarifarias en las regiones de bajas temperaturas.
Plan Gas IV: Se restan $13.410 millones que financiaban la producción local.
El sistema de transporte público tampoco quedó al margen, con una disminución de $30.000 millones en los créditos de reserva del Tesoro. Esta quita presiona directamente sobre el valor del boleto en el territorio federal, al reducirse el auxilio estatal para el sostenimiento de las frecuencias y unidades.
Por otro lado, el bloque de "otros subsidios" suma una quita de $57.591 millones, donde destacan:
ARSAT: Una reducción de $2.980 millones para sus gastos corrientes.
Medios Estatales: Recorte de $1.618 millones que afecta a RTA SE, Télam (APE) y Contenidos Públicos.
Empresas Públicas generales: Una baja de $50.000 millones en reservas de asistencia.
Finalmente, la medida alcanza a sectores clave de la cadena productiva. El programa de Impulso al Desarrollo de Economías Regionales pierde $1.705 millones, mientras que el sector lácteo dejará de percibir $1.000 millones destinados a políticas de fomento. Incluso la gestión hídrica se vio afectada, con una quita de $289 millones a la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC).
Con esta maniobra, el Gobierno ratifica su hoja de ruta económica, priorizando la caja fiscal por sobre las transferencias directas a servicios públicos y sectores productivos.
