Nicolás
El Ministerio de Salud Pública de Salta, encabezado por el doctor Federico Mangione, ratificó de forma firme la cesantía definitiva de la médica obstetra Vanesa Analía Achával, tras comprobarse su responsabilidad administrativa e institucional en un trágico y sonado caso de violencia obstétrica perpetrado en el Hospital Papa Francisco.
Mediante la Resolución Delegada N.º 848D, la cartera sanitaria desestimó en todos sus términos el recurso de reconsideración planteado por la defensa de la profesional contra el Decreto N.º 779/2025, instrumento que el año pasado había dispuesto su expulsión del sistema público de salud.
El aberrante episodio ocurrió el 19 de enero de 2023 en las puertas de ingreso del Hospital Papa Francisco, ubicado en la zona sudeste capitalina, y cobró trascendencia nacional tras la viralización de videos grabados por testigos que presenciaron la escena.
En aquella oportunidad, la paciente Fernanda Lucrecia Romero acudió al nosocomio en pleno trabajo de parto a término. Pese a los intensos dolores y al avanzado estado de gestación, no recibió la atención profesional adecuada a tiempo, provocando que su bebé naciera directamente sobre el piso del establecimiento. La violenta caída al suelo le ocasionó al recién nacido un severo daño interno, cuadros infecciosos posteriores y la necesidad de ser intervenido quirúrgicamente de urgencia.
Para sostener la máxima sanción administrativa, el Ministerio de Salud ponderó la prueba documental volcada en el sumario, las contradicciones en la declaración testimonial de la propia médica y el categórico dictamen emitido por el asesor legal del nosocomio, concluyendo que a Achával le cupo la responsabilidad directa y principal en la falta de asistencia.
El organismo recordó que el accionar de la médica violó sistemáticamente la Ley N.º 26.485 de Protección Integral a las Mujeres, la cual tipifica la violencia obstétrica como aquella ejercida por el personal de salud mediante un trato deshumanizador, abuso de medicalización o patologización de los procesos naturales. Asimismo, se vulneraron las garantías de la Ley N.º 25.929 de Parto Humanizado, norma que protege el trato digno y respetuoso hacia la madre y el recién nacido durante todo el proceso del alumbramiento.
Con la ratificación de la Resolución 848D, la vía administrativa dentro del Ejecutivo provincial queda totalmente agotada, dejando firme la expulsión de la profesional.
