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Tras la revisión técnica, Argentina cumplió con lo estipulado para obtener el desembolso de u$s800 millones en junio.
La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich anunció que los agentes de las cuatro fuerzas del Estado actuarán en caso de bloqueos y piquetes.
Nacionales 14/12/2023FRENTE A FRENTE.-La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, anunció este jueves cómo será el protocolo que aplicará el gobierno para impedir los piquetes y/o las manifestaciones con cortes de calle que bloqueen la circulación de los ciudadanos que no sean parte de las protestas.
Según explicó Bullrich en conferencia de prensa, las cuatro fuerzas federales - Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) - estarán habilitadas por la nueva disposición para intervenir en caso de bloqueo de caminos, piquetes o protestas que obstaculicen, total o parcialmente, la circulación del resto de los ciudadanos. A los integrantes de las citadas fuerzas se sumarán los miembros del Servicio Penitenciario Federal.
Como primera medida, la orden del ministerio es que los agentes intervengan directamente, respaldados por las nuevas disposiciones, cada vez que algún ciudadano, por el motivo que sea, no permita que el resto circule. “Las fuerzas podrán intervenir de acuerdo a los códigos procesales vigentes, si hay un delito infraganti, de acuerdo a la ley de flagrancia”, informó la funcionaria. Además, adelantó que planean mandar una ley al Congreso que consolide las nuevas reglas.
“Se empleará la fuerza suficiente y será graduada en función de la resistencia”. alertó Bullrich. Así, la ministra reforzó el mensaje a las organizaciones que suelen protestar generando caos en el tránsito: esa modalidad de reclamo será combatida con la fuerza.
Según explicó la ministra de Seguridad, la intervención de los agentes se organizará de acuerdo la zona de conflicto. Habrá sitios en los que intervengan las fuerzas federales y otros donde actúen los gobiernos locales. El protocolo busca coordinar el plan, para que toda la vía pública está custodiada ante las protestas.
En caso de detenciones, Seguridad pedirá la intervención de la Justicia. “Los datos de los autores, partícipes, cómplices o instigadores será remitidos a las autoridades competentes . Se le dará aviso al juez competente en caso de daño ambiental, algo que sucede es la quema de cubiertas que genera una situación dañina al ambiente y a la gente”, explicó la ministra.
“Por todos los costos vinculados a los operativos de seguridad, se les enviará la factura las organizaciones o a los individuos responsables. El Estado no va a pagar por el uso de las fuerzas de seguridad. Tendrán que pagar las organizaciones que tengan personería o los individuos. En caso de tratarse de extranjeros con residencia provisoria, se mandará la información a la Dirección Nacional de Migraciones”, dijo Bullrich.
Además, se creará un registro de las organizaciones que participan en este tipo de hechos y que “sistemáticamente son los que hacen de voceros de estas manifestaciones”.
“Toda persona que esté en la vereda no va a tener problemas (...) no queremos cortes de calles, de rutas en el caso de jurisdicción federal''. explicó
Presencialidad plena para empleados de seguridad
A través de un comunicado de prensa, se ordenó la presencialidad plena de los empleados de su cartera, en línea con la exigencia del gobierno nacional de la asistencia plena para los empleados públicos, que se encontraba suspendida a raíz de las medidas sanitarias por la pandemia de Covid.
“En consonancias con el anuncio presidencial en relación a la presencialidad plana de empleados públicos, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, resolvió la presencialidad plena para los empleados públicos del Ministerio de Seguridad”, comienza el texto divulgado en X.
Además, se explica que el sistema de trabajo híbrido o virtual seguía debido a las medidas preventivas del coronavirus, situación de salud pública que hoy ya no significa un riesgo masivo. “[La presencialidad] se encontraba al día de hoy, y de manera insólita, suspendida a raíz de la emergencia sanitaria que se inició en 2020.
Esta decisión refleja nuestro compromiso con el servicio público y la eficiencia en pos de la seguridad nacional”, reza el documento que fue replicado por la propia Bullrich en su perfil.
Tras la revisión técnica, Argentina cumplió con lo estipulado para obtener el desembolso de u$s800 millones en junio.
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