Causa Vialidad: Ordenan el embargo preventivo del departamento de Cristina Kirchner y los hoteles en El Calafate

FRENTE A FRENTE.-El Tribunal Oral Federal N°2 —integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso— dispuso el embargo preventivo de una amplia lista de bienes pertenecientes a Cristina Fernández de Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, y otros condenados en la causa Vialidad.

La decisión judicial atiende el requerimiento de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola. El tribunal sostuvo que "corresponde adoptar los resguardos necesarios para preservar los bienes individualizados y asegurar que la jurisdicción conserve aptitud real" para hacer efectivo el decomiso de fondos, una medida dispuesta por el TOF 2 y convalidada por la Cámara de Casación que actualmente se encuentra bajo apelación ante la Corte Suprema de Justicia.

Cabe recordar que, además de la pena de seis años de prisión, la sentencia dictada por la causa Vialidad establece el decomiso de bienes por una cifra estimada en 685.000 millones de pesos, responsabilidad que recae de manera solidaria sobre la totalidad de los condenados.

Las propiedades alcanzadas por la resolución

El lote de inmuebles afectados por la medida cautelar abarca propiedades atribuidas a las firmas Hotesur S.A. y Los Sauces S.A., entre las que destacan:

• Ciudad Autónoma de Buenos Aires:

  • El departamento ubicado en la calle San José 1111 (donde la expresidenta cumple prisión domiciliaria).

  • Inmuebles, departamentos dúplex, cocheras y bauleras en el Complejo Madero Center, en Puerto Madero.

• Provincia de Santa Cruz:

  • El Hotel La Aldea del Chaltén (El Chaltén).

  • Inmuebles y terrenos situados sobre la Av. Costanera Presidente Néstor Kirchner y la calle 3850 en El Calafate.

  • Diversos lotes, departamentos y propiedades registradas en la capital provincial, Río Gallegos (calle Alvear, Moreno, Mascarello y 25 de Mayo).

  • Varias matrículas registradas en el Departamento III (Lago Argentino).

Con esta resolución, la Justicia busca congelar el patrimonio identificado por la fiscalía para su posterior tasación y remate, en el marco de la ejecución de la sentencia firme.