Debora
La Comisión Episcopal de Pastoral Social rechazó el proyecto impulsado por el Gobierno nacional para bajar la edad de imputabilidad de 16 a 13 años y sostuvo que la iniciativa “no es la propuesta más razonable” para enfrentar la problemática de la delincuencia juvenil.
Desde la Iglesia señalaron que el delito cometido por menores no puede abordarse únicamente desde el endurecimiento de las penas, sino que requiere atacar las causas profundas que lo generan, como la pobreza estructural, la falta de acceso a la educación y al empleo, el consumo problemático de drogas y el avance del narcotráfico.
En ese sentido, citaron datos oficiales que indican que los menores representan un porcentaje reducido del total de los delitos, por lo que advirtieron que centrar el debate exclusivamente en ellos implica una simplificación de una problemática mucho más compleja.
“El país necesita más escuelas que cárceles y más docentes que guardiacárceles”, expresaron los obispos, al tiempo que reclamaron la construcción de un régimen penal juvenil con una mirada humana, orientado a la educación, la reinserción social y la generación de oportunidades.
Finalmente, pidieron un debate serio, profundo y sostenido en el tiempo, que permita diseñar políticas públicas integrales y de largo plazo para enfrentar la inseguridad juvenil.
