Nicolás
FRENTE A FRENTE.-El telón se levanta mañana para dar inicio al juicio oral por la "Causa Cuadernos", un proceso que sienta en el banquillo a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner como supuesta jefa de una asociación ilícita y cohecho, junto a un total de 86 acusados.
La magnitud del caso fue destacada por la fiscal general Fabiana León, quien liderará la acusación, al advertir que se trata de la investigación de "hechos de corrupción más extensa que se ha realizado en la historia judicial argentina", comparable a "solo unas pocas a nivel mundial".
El Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7), integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero, dará comienzo al debate a las 9:30 horas. Se estima que el proceso se extenderá por al menos tres años. Las audiencias iniciales, que se transmitirán por el canal de YouTube del Poder Judicial, se concentrarán cada jueves en la lectura de los requerimientos de elevación a juicio.
La exmandataria participará del proceso de forma virtual, conectada desde su lugar de detención domiciliaria en San José 1111, donde ya cumple una pena de seis años de prisión por administración fraudulenta en la "Causa Vialidad", condena que fue ratificada por la Corte Suprema este año.
El banco de los acusados: Exfuncionarios y cúpula empresarial
Junto a Kirchner, una lista de exfuncionarios clave de su gobierno deberán comparecer ante la justicia:
El entramado de corrupción que se busca juzgar involucra 540 hechos de supuestos pagos ilegales realizados por empresas para asegurarse contratos de obra pública. En el estrado se sentarán 65 hombres de negocios, incluyendo a figuras de alto perfil como Ángelo Calcaterra (primo del expresidente Mauricio Macri), Aldo Roggio, Carlos Wagner, Gerardo Ferreyra y Enrique Pescarmona, entre otros.
El corazón de la causa está en los escritos del remisero Oscar Centeno, imputado colaborador y autor de los "cuadernos", quien también es juzgado como supuesto miembro de la asociación ilícita.
La acusación
La investigación se focalizó en la presunta existencia de una asociación ilícita que operó desde el Poder Ejecutivo Nacional con el fin de recaudar dinero de empresas constructoras, de energía y transporte a cambio de la adjudicación de contratos estatales.
Los delitos imputados van desde asociación ilícita (con penas de hasta diez años de prisión) y cohecho (con un máximo de seis años), hasta dádivas y encubrimiento.
A diferencia del fallo en "Causa Vialidad", donde el TOF 2 descartó la figura de la asociación ilícita, en este debate la acusación buscará probar la existencia de la estructura criminal para la recaudación.
El proceso tiene previsto sumar un día de audiencias desde marzo de 2026, mientras que las declaraciones indagatorias de los acusados se esperan para finales de este año o después de la feria judicial de enero. Aún resta definir si estas instancias se mantendrán virtuales o si el Tribunal habilitará la presencialidad.
