Tras reiteradas amenazas y hechos de violencia registrados en zonas turísticas y comerciales, el proyecto de ley propone que los coordinadores de estas prácticas cumplan arresto efectivo sin excepciones.
El exintendente de San Lorenzo ''esquivó'' la condena
La Sala 4 del Tribunal de Impugnación resolvió revocar la sentencia dictada en primera instancia contra Ernesto Fernando Gonza, quien había sido condenado por el delito de fraude en perjuicio de la administración pública en grado de tentativa.
Salta03/11/2025
Nicolás
FRENTE A FRENTEUn giro significativo se produjo en la causa que investiga al exintendente del municipio de San Lorenzo, Ernesto Fernando Gonza, y a su coacusado, Sergio Armando. La Sala 4 del Tribunal de Impugnación resolvió hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, revocando así la sentencia de primera instancia y declarando una mayor responsabilidad penal para ambos.
La decisión del Tribunal de Impugnación impacta directamente en el futuro judicial del ex jefe comunal de San Lorenzo. Los magistrados no solo confirmaron su culpabilidad, sino que modificaron la calificación legal de los hechos.
El Tribunal declaró la responsabilidad penal de Gonza y Armando por los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública y peculado de trabajos y servicios, cometidos en concurso real. La clave de este cambio radica en que el Tribunal coincidió con el criterio de la Fiscalía al reconocer que los hechos vinculados a las casillas del Plan “Una casa para tu hogar” configuraron delitos consumados, y no en grado de tentativa como había dictaminado el tribunal de juicio en 2022.
El 12 de diciembre de 2022, el tribunal colegiado había impuesto penas más leves y de ejecución condicional:
-Ernesto Fernando Gonza (Exintendente): Tres años de prisión de ejecución condicional, inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
-Sergio Armando: Dos años y ocho meses de prisión de ejecución condicional.
La fiscal Salinas Odorisio había apelado esta sentencia al considerar que el perjuicio al Estado se había concretado, pidiendo penas de cumplimiento efectivo, con cuatro años y ocho meses de prisión para Gonza, y tres años y seis meses para Armando.
Con la revocación de la sentencia inicial y el agravamiento de la calificación penal, el caso avanza a una instancia crucial: la determinación de la nueva pena. Se ha ordenado a la OFIJU que, conforme al calendario judicial, fije una audiencia de visu para establecer la sanción que corresponda imponer a los condenados por los delitos ahora considerados como consumados.
Cabe destacar que las defensas técnicas de ambos acusados también interpusieron recursos de casación, los cuales fueron rechazados por el Tribunal de Impugnación, blindando así la resolución a favor de la postura de la UDEC. La notificación de esta resolución fue recibida por el fiscal penal de Impugnación 3, Ramiro Ramos Ossorio.
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