
Tras reiteradas amenazas y hechos de violencia registrados en zonas turísticas y comerciales, el proyecto de ley propone que los coordinadores de estas prácticas cumplan arresto efectivo sin excepciones.
El centro "Apapachar" busca atender a menores con adicciones y patologías mentales, desde este lugar, menores se fugan escalando las instalaciones y vuelven a recaer o a protagonizar hechos de violencia.
Salta03/11/2025
Nicolás

Los vecinos de la localidad de La Merced están en alerta y aseguran que la tranquilidad de su comunidad se ha visto gravemente afectada. El motivo de su indignación es el Hogar de Varones “Apapachar”, una institución inaugurada en 2021 destinada a la contención y tratamiento de adolescentes con problemas de adicciones y salud mental.
Según las denuncias de los residentes, el centro, lejos de ser un espacio de protección, se ha transformado en un foco de inseguridad, conflicto y temor constante.
Escapatorias y hostigamientos
La principal preocupación de la comunidad son las fugas de menores, las cuales, se han vuelto cada vez más habituales. Los jóvenes no solo vulneran las instalaciones del hogar, sino que presuntamente incurren en una escalada de situaciones problemáticas en la zona.
Protagonizan episodios violentos, insultos y hostigamientos; además de los ya consumados episodios delictivos que se han denunciado en la localidad.
El último incidente documentado, y que ha encendido las alarmas, ocurrió el pasado viernes al mediodía. El video compartido por El Valle de Lerma Hoy muestra a uno de los adolescentes en plena huida del centro. La situación culminó minutos después con el joven insultando a vecinos que se encontraban en la Plaza San Martín, en un acto de agresión verbal que refleja la tensión que se vive.
Los vecinos de La Merced exigen una intervención urgente de las autoridades provinciales responsables del Hogar “Apapachar” para garantizar no solo la correcta atención y contención de los adolescentes internados, sino también la seguridad y la paz de la comunidad circundante.

Tras reiteradas amenazas y hechos de violencia registrados en zonas turísticas y comerciales, el proyecto de ley propone que los coordinadores de estas prácticas cumplan arresto efectivo sin excepciones.

Con la aprobación definitiva del texto constitucional, los salarios de los funcionarios quedarán indexados al Salario Mínimo, Vital y Móvil. Además, el municipio podrá actuar como querellante en causas penales.

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