Emergencia en Discapacidad: el Gobierno trabaja en su estrategia jurídica para “defender el equilibrio fiscal”

La reciente ratificación de la Ley de Emergencia en Discapacidad por ambas cámaras del Congreso está colocando a la administración nacional de Javier Milei en un escenario de alta tensión, donde el Gobierno está dispuesto a hacer lo posible para frenar la aplicación de esta normativa hasta el próximo recambio legislativo y, a su vez, no dar muestras de que la oposición puede signarle el cálculo fiscal al oficialismo.

“Voy a defender el equilibrio fiscal en todas las instancias que haga falta”, habría ratificado Milei en un encuentro privado en donde se trataba esta temática. El Senado, a cargo de Victoria Villarruel, le comunicó el lunes al Poder Ejecutivo que el veto a esa normativa había sido rechazado. Esto promulga la ley de manera automática y obliga al Gobierno a comenzar a reasignar las partidas presupuestarias necesarias para la implementación de la ley y de actualizar los nomencladores correspondientes.

Hasta el momento esto no se ha hecho. Incluso, este jueves se publicó en el Boletín Oficial la Decisión Administrativa 23/2025 que modifica el Presupuesto y reasigna partidas en diferentes sectores del Sector Público Nacional. Ninguna de las más de 400 páginas de los anexos de esta medida hace alusión ni informa cambios en el ámbito de la Discapacidad. Este apartado fue firmado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien comenzó a recibir advertencias de parte de diputados opositores de que, si no comienza a suministrar fondos, se le puede iniciar una moción de censura.

Fuentes muy cercanas al Presidente continúan afirmando que están trabajando en la judicialización de la medida, amparándose como argumento principal en el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera. Esta establece que “toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general debe especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento”.

Por caso, el vocero presidencial, Manuel Adorni, habló esta mañana en el canal A24 y justificó: “El caso de Discapacidad incrementa el gasto en 5000 millones de dólares. Vamos a ver de dónde lo sacamos. Lo estamos analizando (la judicialización). Nosotros no nos vamos a correr del equilibrio fiscal. Porque una ley que no estima el recurso o no explica de dónde sale la partida y el recurso de 5000 millones de dólares anuales... así que estamos analizando qué pasos seguir”.

Otros altísimos funcionarios que forman parte de esta estrategia comenzaron a decir que “todavía no está determinado el mecanismo”. En la Casa Rosada consideran que reasignar fondos implicaría reconocer la vigencia de una ley que el presidente rechaza. Por ello, se evalúa la posibilidad de reglamentar la norma de manera que resulte inaplicable en la práctica. Esto llevaría a una judicialización que demoraría su puesta en práctica.

A contrasentido de lo que vienen esgrimiendo desde la cúpula presidencial, el interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Alejandro Vilches, informó ayer ante el Consejo Federal de Discapacidad (COFEDIS) que un equipo ya trabaja en la reglamentación de la Ley.

De cualquier manera, el equipo que está detrás del pedido del Presidente de no aplicar en su totalidad la Emergencia en Discapacidad tiene como responsable al asesor presidencial, Santiago Caputo, que tiene como principal alfil judicial al secretario de Justicia, Sebastián Amerio, y como pluma legal y administrativa a la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal.

El proyecto de Ley declara la Emergencia en Discapacidad en todo el país hasta el 31 de diciembre de 2027 y dispone medidas para garantizar derechos fundamentales de las personas con discapacidad, como la educación, la salud, la rehabilitación, la protección social y el empleo.

Entre sus acciones, se ordena el financiamiento adecuado de las Pensiones No Contributivas por Discapacidad, el fortalecimiento de la Agencia Nacional de Discapacidad y la promoción del modelo social de discapacidad desde el Estado y los municipios. Se establece la actualización mensual de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral, ajustados según la inflación, y se incluyen beneficios tributarios y de regularización de deuda para los prestadores de servicios, con el objetivo de asegurar la continuidad de las prestaciones.

La iniciativa introduce reformas en las leyes 13.478, 22.431 y 24.901 para redefinir la discapacidad según los términos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, actualizar el proceso de certificación y compatibilizar la pensión con el empleo formal hasta un determinado tope salarial.

Además, declara de interés público los servicios de los prestadores y prevé mecanismos obligatorios de consulta con las personas con discapacidad y sus organizaciones. El Poder Ejecutivo deberá informar anualmente al Congreso sobre la ejecución presupuestaria y podrá realizar modificaciones en el presupuesto para garantizar la implementación de las medidas, sin afectar recursos asignados a servicios sociales.

Organizaciones de prestadores evalúan recurrir a la justicia si no se cumplen los plazos legales, y advierten que podrían presentar denuncias penales contra Lugones y Francos por incumplimiento de deberes de funcionario público si no se efectivizan los pagos en las próximas semanas. La diputada Victoria Tolosa Paz reclamó la restitución de todas las pensiones suspendidas y denunció incentivos para empleados que eliminaran beneficios. Además, la comisión de Discapacidad del Congreso avanzó en proyectos para quitar al Poder Ejecutivo el control de la ANDIS y transferirlo a un consejo integrado por representantes del Estado, las provincias y organizaciones de la sociedad civil.