Juicio unidad carcelaria: así pasaban droga al penal de Villa las Rosas

FRENTE A FRENTE.-En el quinto día de la audiencia contra ocho funcionarios del Servicio Penitenciario, así como internos de la Unidad Carcelaria 1 y sus familiares, la Unidad Fiscal, compuesta por el procurador general Pedro García Castiella y los fiscales Ana Inés Salinas Odorisio, Gustavo Torres Rubelt y Santiago López Soto, convocó a seis testigos.

El primer testigo fue un sargento ayudante, encargado de elaborar informes a partir de grabaciones de cámaras de seguridad, información obtenida de teléfonos celulares incautados y transcripciones de escuchas telefónicas. En una de las grabaciones se observa a un agente del Servicio Penitenciario introduciendo tres cajas de pizza en la oficina de Atención al Ciudadano. Posteriormente, se le ve en la sección Alcaldía, evitando pasar las cajas por el escáner. Durante 20 segundos, su imagen desaparece de la cámara y, al reaparecer, ya había escaneado las cajas y se dirigía hacia el pabellón K, donde entró a una oficina etiquetada como "Jefatura". En ese lugar, un interno entró con una bolsa y, poco después, un jefe de pabellón se unió a ellos. Después de unos 22 minutos, el interno salió con una bolsa blanca que contenía una caja de pizza.

El testigo indicó que la Dirección de Inteligencia del Servicio Penitenciario pudo identificar a los involucrados.

Al mostrar el contenido de los celulares secuestrados, el analista presentó fotografías de uno de los dispositivos confiscados, perteneciente a la madre de un interno. En las imágenes se veían transferencias de dinero por $40,000, sustancias ilegales, una balanza y capturas de conversaciones de WhatsApp relacionadas con drogas. El testigo aclaró que los contactos en los teléfonos tenían nombres específicos y describió el tipo de comunicación que existía entre ellos, destacando que la información fue obtenida mediante entrecruzamiento de datos y oficios judiciales, intervenidos sobre los IMEI de los dispositivos, no sobre las líneas telefónicas.

A continuación, declaró un exinterno de la Unidad Carcelaria 1, quien actualmente está en otro penal. Reconoció que conocía bien al personal del Servicio Penitenciario e identificó, por apodos, a quienes ingresaban drogas, teléfonos y comida, que luego entregaban a un interno encargado de su venta. "El Servicio lo hacía trabajar para ellos", afirmó.

Relató que frecuentemente transfería dinero para comprar al ‘Gordo’ alimentos y drogas. Aseguró haber presenciado a un jefe de pabellón entregándole un celular a un interno y mencionó que un familiar había pagado $15,000 a uno de los acusados para permitir la entrada de otro celular.

Con temor a regresar a la Unidad Carcelaria 1, el testigo denunció que fue golpeado y aislado durante 60 días tras declarar en la UDEC en enero de 2024 por hablar en contra del Servicio Penitenciario. Ante esto, la Unidad Fiscal solicitó que se remitiera su denuncia a la Fiscalía de Derechos Humanos y que el hombre permaneciera en su actual ubicación. El Tribunal, compuesto por los jueces Federico Diez, Paola Marocco y Javier Aranibar, aceptó la solicitud.

El tercer testigo fue otro exinterno, quien comentó que comenzó a consumir drogas en prisión y que conseguirlas era sencillo: "Cualquiera de los internos te ayuda". Añadió que solía pedir a su madre que transfiriera dinero a los alias que le daban, justificando que era para comprar madera o comida.

También compareció el exsubdirector de la Unidad Carcelaria 1, Gabriel Ángel, quien explicó que, al asumir el cargo, intentó acceder a las evaluaciones de los detenidos y los beneficios otorgados por el Consejo Correccional, descubriendo que no existían actas y que en 2022 se habían concedido numerosos beneficios. Identificó a uno de los acusados como el secretario de Actas.

Tras la declaración de otros dos testigos, el Tribunal suspendió la sesión hasta el próximo lunes a las 8 horas.