Nicolás
FRENTE A FRENTE.-Se llevó a cabo hoy, la segunda jornada de la audiencia de debate seguida contra veinte personas -funcionarios del Servicio Penitenciario, internos alojados en la Unidad Carcelaria 1 y familiares-, acusadas de conformar una organización narcocriminal que operaba dentro del penal.
En primer lugar prestó testimonio el comisario Juan Pablo Sánchez, jefe de la Unidad de Investigación de Delitos Económicos, que depende del Departamento de Investigación y Criminología del CIF y cuenta con 17 años de trayectoria en investigación criminal. Precisó que la investigación inició con una denuncia presentada por testigos de identidad reservada, en la que se señalaban presuntos actos de corrupción cometidos en el interior del penal de Villa Las Rosas.
Identificó a Baldomero Darío Córdoba como el nexo externo en el circuito delictivo, encargado de canalizar el dinero hacia los funcionarios penitenciarios. Ejemplificó este mecanismo con el caso del interno Lautaro Teruel, quien habría sido beneficiado con traslados y un régimen de detención más favorable gracias a gestiones realizadas por Bisceglia y Córdoba.
Detalló que Teruel fue trasladado al pabellón F —destinado a exfuncionarios de fuerzas de seguridad— tras el pago de sumas de dinero que, según afirmó, Córdoba se encargaba de distribuir entre los funcionarios involucrados. Indicó que si bien se intentaba que esas operaciones fueran en efectivo para evitar trazabilidad, una de las transacciones quedó documentada: una transferencia de $100.000 realizada por Córdoba a una cuenta bancaria a nombre de la esposa de Bisceglia. Este movimiento, señaló, fue acreditado por el análisis forense de dispositivos electrónicos.
Al ser consultado por la Fiscalía sobre otras solicitudes vinculadas a este interno, respondió que se gestionaba cualquier trámite que pudiera mejorar sus condiciones de detención, incluyendo atención médica preferencial. Remarcó que todas las gestiones eran coordinadas por Córdoba, quien incluso instruía sobre cómo justificar los pagos y qué argumentos utilizar ante el servicio penitenciario.
Finalmente, Sánchez sostuvo que se logró establecer una trazabilidad financiera que incluía más de 113 cuentas bancarias vinculadas a 17 de los imputados, utilizadas para transferencias de dinero entre internos, familiares y funcionarios, consolidando así un circuito de financiamiento que sostenía el funcionamiento de la organización ilícita dentro del penal.
