
El sujeto, mediante maniobras engañosas e invocando pertenecer al Instituto Provincial de Viviendas, habría ofrecido a los denunciantes la confección de carpetas para acceder a una vivienda social, a cambio de dinero.
Se trata de la empresa Central Andino, la cual al momento de ser anunciada su contratación, aun no existía y fue inscripta cuatro días después. La comunidad de Tolar Grande denunció a la minera por este movimiento irregular que terminaría afectando a muchas familias de la zona.
Salta29/07/2025
Debora

La comunidad de Tolar denunció públicamente un grave engaño por parte de Mansfield, que anunció con falsedades la asignación del servicio de alimentación a Central Andino (propiedad de la estadounidense Aramark), una empresa inexistente legalmente al momento del comunicado, ya que recién fue inscripta en el Boletín Oficial el día de ayer, cuatro días después de que la comunidad recibiera la notificación oficial.
Según referentes locales, esto configura una maniobra para ocultar la contratación en beneficio de una multinacional extranjera, en violación a la Ley de Compre Local y desconociendo el compromiso asumido con el desarrollo regional.
La Localidad calificó el accionar como una “burla a la comunidad y a los dueños ancestrales de estas tierras”, señalando que en apenas seis días Mansfield pretende reemplazar un servicio esencial, entre gallos y medianoche, a las apuradas, retaceando el tiempo necesario para contener a casi 100 familias que hoy viven con incertidumbre sobre su futuro laboral, generando una crisis social que amenaza la paz alcanzada tras años de trabajo conjunto.
Los sindicatos AOMA y UOCRA sumaron su apoyo a la comunidad de Tolar, acusando a Mansfield de romper la confianza con los trabajadores y pisotear los derechos históricos de los pueblos kollas, sobre cuyos territorios ancestrales se desarrolla la actividad minera.
El conflicto podría derivar en manifestaciones masivas en las cuatro localidades mineras de la región, y referentes sociales advierten que si la empresa persiste en este destrato, la situación puede escalar hasta paralizar la actividad minera en la provincia, como ya ocurrió recientemente en Panamá, donde la presión social obligó a detener por completo la producción.

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