La Casa Rosada ratificó que vetará el proyecto de los gobernadores pese a la sugerencia de Sturzenegger

El presidente Javier Milei vetará todas las iniciativas que no hayan salido de las mismas usinas libertarias en Casa Rosada. Este aviso aplica a aquellas que, incluso, tienen un alto consenso político en la oposición, como la mayor distribución del régimen de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y del impuesto a los combustibles, las cuales son impulsadas por los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño, un caso prácticamente inédito en los años recientes.

“No está en duda el veto. Javier [Milei] va a vetar las leyes que impulsan los gobernadores”, afirmó esta mañana una fuente inobjetable de la Casa Rosada ante la consulta de Infobae. En las últimas horas, el ministro de Desregulación y Transformación, Federico Sturzenegger, afirmó en un reportaje televisivo que si fuera por él, le recomendaría al Presidente que no vete iniciativas como la de los ATN, ya que le permitiría al Gobierno poder avanzar sobre la Ley de Coparticipación Federal a través de una ley simple impulsada en el Congreso.

Las declaraciones del ministro desregulador no pasaron desapercibidas. De hecho, Milei reposteó algunas publicaciones en redes sociales que hablaban del “grave error” que habían cometido desde la oposición al haber impulsado proyecto de características similares a la Coparticipación Federal y tratarlo en el Congreso. Esto llevo a que se generara el rumor de que el Gobierno pudiera avanzar sobre esta cuestión.

Esto es matizado en el Gobierno. “Es algo mucho más complicado de lo que se plantea. Necesitamos plantear una estrategia clara sobre el tema. En rigor, son cuestiones que queremos discutir para más adelante”, aclaró un estratega oficial, quien agregó: “Lo de Federico [Sturzenegger] fue una chicana a los gobernadores. Y no nos parece mal que lo haya hecho porque coincidimos en la necesidad de modificar este régimen”.

Tanto el proyecto de las ATN como el del impuesto a los combustibles ahora deberán ser tratados en la Cámara de Diputados. La presidencia del recinto, a cargo del libertario Martín Menem, tiene la directiva explícita de la Casa Rosada de retrasar lo máximo posible el debate. Si quieren, las provincias tienen la capacidad de juntar la cantidad de bancas suficientes como tratar ambas iniciativas sobre tablas.

Un informe que fue elaborado por los equipos técnicos de los gobernadores estimó que el impacto del costo fiscal de los dos proyectos suman 0,11% del PIB, y aun con ese costo se sobrecumpliría la meta fijada por el FMI para el ejercicio fiscal de este año si fueran avaladas por Milei, que estableció para el resultado del 2025 un superávit de 1,60% del PIB, por encima del 1,30% fijado por el Fondo Monetario.

En el Gobierno indican que no avalarán a que desde la oposición se esté incidiendo en los mecanismos por los cuales se llegue al déficit cero. “El superávit fiscal no se toca”, afirma una fuente inobjetable de Balcarce 50.

En la Casa Rosada son enfáticos al decir que la cuestión fiscal es uno de los pilares centrales que sostienen el programa económico diseñado por Javier Milei y los funcionarios económicos que responden al ministro de Economía, Luis Caputo. Son señales políticas que deben dar hacia afuera, particularmente a los mercados financieros, como para brindar certidumbre sobre cómo serán los próximos meses, que por el desarrollo de la campaña electoral se prevén turbulentos.

La semana pasada, el Senado también sancionó el aumento de las jubilaciones, la reincorporación de la moratoria y la emergencia en discapacidad; todos ellos fueron aludidos por el mismo Milei, quien dijo que las vetará en cuánto pueda. Dado que el Senado remitirá la sanción de los proyectos recién el miércoles, el Poder Ejecutivo Nacional tiene tiempo para vetarla hasta el 30 de julio, dado que el límite máximo antes de su promulgación son diez días hábiles.

“Sería inmoral que no vetáramos lo de los jubilados”, explican cerca del Presidente. Al pedir explicaciones, justifican que dentro de la planificación presupuestaria el componente previsional uno significativamente incidente en el superávit fiscal. “Nosotros vemos que tenemos una mayor proporción de niños pobres que de jubilados pobres, por eso que por el momento elegimos ponderar mayores recursos a este primer segmento”, afirman.

Qué dicen los dos proyectos de los gobernadores
Los gobernadores enviaron semanas atrás al Senado un proyecto de ley que busca modificar el régimen de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y la distribución del impuesto a los combustibles. La propuesta apunta a aumentar la capacidad de las provincias para recibir fondos discrecionales y fortalecer su autonomía financiera. El objetivo es reducir la discrecionalidad del Gobierno nacional en el otorgamiento de los ATN y establecer criterios más transparentes y automáticos para su distribución.

El proyecto propone una modificación puntual del artículo 19 de la ley 23.966, que regula la distribución de los ingresos provenientes del impuesto a los combustibles líquidos. Actualmente, la recaudación se reparte de la siguiente manera: 10,40% para el Tesoro Nacional, 15,07% para el Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI), 28,69% al Sistema Único de Seguridad Social, 4,31% al Fideicomiso de Infraestructura Hídrica, 28,58% al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte y 2,55% a la Compensación Transporte Público. Solo el 10,40% restante se distribuye entre las provincias, lo que representa una porción menor de los más de 2.500 millones de pesos que la Nación percibió por este gravamen.

La propuesta de los gobernadores busca que el monto destinado a las provincias aumente al 58,36%, mientras que el Tesoro Nacional, el sistema previsional y la compensación para el transporte público mantendrían sus porcentajes actuales. Para lograrlo, el segundo artículo del proyecto establece la disolución de todos los fondos fiduciarios mencionados, de modo que el remanente se transfiera directamente a las 24 jurisdicciones.

Además, la iniciativa plantea modificar el mecanismo de reparto de los ATN, conocidos como transferencias discrecionales, que actualmente la Casa Rosada asigna según su criterio. La ley vigente estipula que estos fondos deben atender emergencias y desequilibrios financieros provinciales, y que la distribución queda a cargo del Ministerio del Interior (hoy, la vicejefatura de Gabinete). Los gobernadores proponen mantener los porcentajes históricos para cada territorio, pero añaden un párrafo que incorpora el prorrateo correspondiente a una compensación especial para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Tierra del Fuego.

El proyecto también introduce un cambio clave: si se aprueba, el fondo de los ATN “se distribuirá en forma automática y diaria”, lo que reduciría significativamente la injerencia de la Casa Rosada en el proceso.