La condena se dictó en el marco de una audiencia flexible y multipropósito del Plan Piloto de Oralidad, presidida por la jueza Gabriela Romero Nayar, vocal de la Sala V del Tribunal de Juicio.
El imputado deberá cumplir reglas de conducta por el término de tres años: fijar y mantener domicilio actualizado; abstenerse de acercarse a la víctima en un radio menor de 300 metros y de contactarse con ella; abstenerse de ejercer violencia contra ella; someterse a tratamiento psicológico.
La jueza suspendió la responsabilidad parental del imputado respecto de la víctima y ordenó su incorporación al Banco de Datos Genéticos.
La condena se dictó en el marco de un procedimiento abreviado con acuerdo de todas las partes.
