FRENTE A FRENTE.-El Tribunal Oral Federal N°2 de Salta absolvió este jueves a Carlos Villalba, exintendente de Salvador Mazza, quien llegó a juicio acusado de participar en una red de trata de personas con fines de explotación sexual, desarticulada en agosto de 2013. En el mismo fallo, el tribunal condenó a otras tres personas por su participación en los hechos investigados.
La decisión fue dictada por los jueces Gabriela Catalano, Domingo Batule y Alejandra Cataldi, quienes absolvieron a Villalba. La acusación sostenía que había facilitado el traslado de las víctimas para su explotación sexual, pero no se logró demostrar fehacientemente su responsabilidad penal.
En cambio, el tribunal resolvió condenar a Roberto Quintian Ramírez y Mercedes Baigorria —propietarios del local nocturno El Quijote— a cinco años y seis meses de prisión, una multa de 90 mil pesos e inhabilitación absoluta por el término de la condena. Ambos fueron hallados penalmente responsables como coautores del delito de facilitación de la prostitución agravada por el abuso de la situación de vulnerabilidad de las víctimas, en concurso ideal con el delito de explotación de la prostitución, también agravada.
También fue condenada Viviana Nancy Gómez, administradora del local Terra Nostra, a cinco años de prisión, la misma multa e inhabilitación, por su participación necesaria en los mismos delitos.
La causa investigada
Todo comenzó tras una investigación impulsada por la exAFIP y reforzada por denuncias anónimas que alertaron sobre una red de “prostitución VIP” que operaba en Salvador Mazza y otras localidades.
Las víctimas eran mujeres jóvenes en situación de vulnerabilidad, captadas con promesas engañosas y luego obligadas a ejercer la prostitución en viviendas particulares y hoteles, mediante amenazas, retención de documentos y supuestas deudas.
El operativo de allanamiento se dio el 15 de agosto de 2013, en los que se rescataron a más de 30 mujeres en la capital salteña. En esos procedimientos se secuestraron cuadernos de pases, dinero, prendas íntimas y material publicitario de los servicios sexuales que eran ofrecidos en departamentos privados. En uno de los domicilios fue detenida Marisel Llanes —expareja de Villalba— sindicada como jefa de la red.
La investigación estuvo a cargo del fiscal general Carlos Amad y la auxiliar fiscal Soledad Cabezas, en representación del Ministerio Público Fiscal, junto con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (exAFIP), que actuó como querellante.
