El presidente Milei pidió el ascenso de 15 militares que el kirchnerismo frenó por ser familiares de condenados por los 70

El presidente Javier Milei solicitó al Senado de la Nación el ascenso de 15 tenientes coroneles que el gobierno de Cristina Kirchner frenó debido al parentesco que tenían con condenados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. La mayoría de los expedientes que serán analizados por la Cámara alta datan del 2010 y la decisión que tomó el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas es que a esos efectivos, que ya están retirados, se les reconozca el grado de coronel a partir del 31 de diciembre de 2018.

“Se termina una injusticia. A esos militares los castigaron por considerar que eran culpables de lo que habían hecho sus padres o sus tíos. Decían que no podían ascender porque se criaron en casas de represores, por portación de apellido”, explicaron a Infobae fuentes oficiales. La crítica apunta a la gestión que durante el kirchnerismo ejecutó Nilda Garré, quien le dio intervención a los organismos de derechos humanos para que tuvieran la última palabra antes de que se definiera un ascenso a grados superiores.

En un mensaje fechado el martes al que accedió este medio -firmado por el presidente Milei y el ministro de Defensa, Luis Petri- le solicitó al Senado para que, “en cumplimiento del artículo 99, inciso 13 de la Constitución Nacional, darle el acuerdo necesario para promover al grado inmediato superior” a los siguientes tenientes coroneles:

Guillermo Alejandro Saá, Jorge Luis Toccalino, Ricardo Horacio Muñoz, Ramón Centeno de la Vega, Francisco Javier Canevaro, Marcelo Ramón Borzone, Mario Alejandro Díaz, Justo Rojas Alcorta, Edgardo Calvi, Gustavo Cattáneo, Julio Balloffet, Oscar Faisal, Marcelo Huergo, Pedro Tagni y Antonio Agustín Duarte.

En el mensaje firmado por Milei y Petri se advierte que “el personal en consideración ha reunido en oportunidad de su propuesta de promoción las condiciones exigidas por la Ley para el Personal Militar N° 19.101 y sus modificatorias". Es una posición que modifica el anterior criterio que había tenido la gestión del kirchnerismo y que no se modificó durante los gobiernos de Mauricio Macri y de Alberto Fernández.

Esta decisión repite el mismo sentido que la tomada en los últimos días hábiles de diciembre, cuando el Gobierno envió un mensaje similar pero referido a la Armada Argentina pidiendo al Senado la promoción de los capitanes de fragata Marcelo Barbich, Gustavo Barreto Neuendorf, Juan José Lucena, Eduardo Enrique Pizzagalli, Jorge Emilio Sciurano y James Ronald Whamond.

Según confirmaron hoy fuentes de la Casa Rosada, si se aprueba la solicitud, los uniformados tanto del Ejército como de la Marina -la Fuerza Aérea no tuvo situaciones similares- serán promovidos con carácter retroactivo desde el último día de 2018, ya que “reúnen las condiciones exigidas por la Ley”.

Cuando se anunció a fines de 2024 el envío del primero de los mensajes, las autoridades nacionales remarcaron que “de la información suministrada por la entonces Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural del ex-Ministerio de Justicia y Derechos Humanos surge que no se hallan antecedentes que vinculen al Personal Militar precedentemente citado con causas por violaciones a los Derechos Humanos y/o contra el Orden Constitucional".

Antes de esta medida, durante la presidencia de Macri, quien fuera su ministro de Defensa, Oscar Aguad, había iniciado las gestiones para dejar sin efecto la medida de bloquear los ascensos que había ejecutado su antecesora Garré. “Es una reivindicación ante una injusticia, como lo fue dejar afuera a miembros de las Fuerzas Armadas por su apellido. Una muestra del populismo del anterior gobierno, que tomaba decisiones solo para quedar bien con sus votantes”, afirmó entonces el funcionario.

La decisión de volverle a pedir al Senado el ascenso de estos 21 militares va en sintonía con una medida previa que tomó la actual conducción del Ministerio de Defensa. Desarmó la dirección de derechos humanos que revisaba sin intervención judicial los legajos de los militares y bloqueaba los ascensos y les daba documentos e información a organismos como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Además, en un giro clave, el Ministerio de Defensa contrató en la Dirección de Derechos Humanos a Silvia Ibarzábal y Arturo Larrabure, los hijos de dos coroneles que fueron asesinados en los 70 por guerrilleros del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). Se trata de la hija de Jorge Ibarzábal, que siendo teniente coronel en 1974 fue secuestrado tras un ataque a los cuarteles de Azul y luego asesinado; y el hijo de Argentino Del Valle Larrabure, un coronel que vivió un brutal cautiverio de 370 días en una “cárcel del pueblo” del ERP y murió en 1975 tras ser fusilado.